No se puede ni debe esconder el pasado de un País o mirar hacia otro lado, la memoria histórica es el origen o la raíz de una sociedad civilizada y democrática. Nuestro país supuestamente democrático tiene el deber moral y de justicia rehabilitar a miles de familias que padecieron la persecución del franquismo, sin abrir más heridas, pero si cerrarlas definitivamente y no permitir que cada día que pasa sean más profundas o que se pretenda cerrarlas en falso como es el caso de España, con la Ley de la Memoria Histórica.
Debemos de recordarlo y tenerlo muy presente a la vista de los miles de hombres, mujeres y niños, que fueron vilmente perseguidos y asesinados entre los años 1936 y 1975, genocidio contra la humanidad provocado por el alzamiento militar del criminal de guerra el general Franco, con el apoyo incondicional de la Iglesia Católica, contra la Segunda República Española el 18 de julio de 1936, que ordenó la persecución y el exterminio de las familias españolas que no fuesen adictas al nuevo régimen y así se ejecutaron sus órdenes por los generales Queipo de Llano, Mola, Juan Yagüe Blanco, José Millán – Astral, José Enrique Varela, José Antonio Primo de Rivera fundador de la Falange Española, Tradicionalista y de las J.O.N.S y la extrema derecha.
Frases que no podemos olvidar: “Transformaremos Madrid en un vergel, Bilbao en una gran fábrica y Cataluña en un inmenso solar”, del general Queipo de Llano. “Hay que sembrar el terror, hay que dejar la sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros”, del general Emilio Mola Vidal. “Cataluña y el Pais Vsco, El país Vasco y Cataluña, son dos cáncers en el cuerpo de la nación. El Fascismo, remedio de España, viene a exterminarlos, cortando en la carne viva y sana como un frío bisturí”, de Jose´Millán – Astral.
No pueden ser olvidadas todas aquellas crueldades inhumanas que padeció una gran parte de la población española, como persecuciones, represiones, humillaciones, exilios, secuestros de niños, destierros de familias, cárceles y campos de concentración llenos millares de hombres y mujeres no por delincuentes, sino por estar clasificados como no adictos al nuevo régimen, impuesto por la fuerza bruta, las penas de muerte dictadas y ejecutas por aquellos tribunales militares ilegales, sin el derecho universal a poderse defender de las acusaciones falsas que se les imputaba, durante aquella larga, dura, agresiva, violenta, cruel y criminal dictadura militar, hoy todavía no condenada formalmente por la actual democracia, ni por la Iglesia, teniendo en cuenta la importancia vital que tuvo en la represión, cuando sus representantes si lo hubieran querido, podían haber salvado muchas vidas, su comportamiento fue inhumano, vengativo y rencoroso, por el hecho de haber perdido los privilegios que tenían con la instauración de la Segunda República, que les permitían tener al pueblo oprimido y sumiso, todo lo contrario de las enseñanzas de Jesús de Nazareth, que muestran un claro compromiso con los oprimidos y explotados, con las prácticas de la Iglesia Católica, que han sido siempre en España un pilar básico de las estructuras de poder y responsable de la enorme explotación y opresión de las clases populares.
Desde el primer momento la Iglesia fue la principal enemiga de la República, su objetivo fue dedicarse a desprestigiar las libertades democráticas y los nuevos derechos sociales que el pueblo había conseguido, olvidándose de evangelizar a sus fieles, como era su obligación, creando discordias e intrigas políticas entre los españoles, hasta conseguir el enfrentamiento del pueblo con una sangrienta guerra civil que duraría tres años y costaría la vida a más de un millón de personas inocentes.
Lamentablemente los incontrolados asesinaron a personas y en particular a obispos y sacerdotes, pero es público y notorio que en muchos casos estaban sobornados o inducidos por la extrema derecha, para fomentar el malestar entre los ciudadanos. Entre las personas que formaban parte de los incontrolados, los había de buena fe, se sentían agredidos por los representantes de la Iglesia y querían defender lo que tanto había costado conseguir, la democracia y los derechos sociales. Las circunstancias los arrastraron contra la opresión que habían padecido durante siglos y que no querían renunciar o perder.
Hay que resaltar que no solamente asesinaron sacerdotes y seglares católicos los incontrolados durante la guerra civil, pues, el gran defensor del catolicismo el criminal de guerra el general Franco, con el consentimiento de los representantes de la Iglesia, en el País Vasco en particular, ordenó el fusilamiento – asesinato de sacerdotes y seglares católicos por ser nacionalistas, y no han sido llamados para ser canonizados o beatificados, como el resto de sus compañeros, por el hecho de que no habían sido asesinados por los incontrolados de la República y son injustamente excluidos por la propia Iglesia. Además en aquella zona fue fusilado también el demócrata cristiano el catalán Manuel Carrasco i Formiguera. En Catalunya también hubo seglares católicos condenados a la pena de muerte por ser nacionalistas, incluso sacerdotes expulsados de su parroquia, desterrados y encarcelados en prisiones especiales por no ser adictos al nuevo régimen. Crímenes contra la humanidad, que nunca han sido reconocidos por las Jerarquías de la Iglesia Católica, posiblemente porque políticamente no coincidían con su ideología y por lo tanto, no han sido reconocidos como hijos de Díos.
No se puede admitir de ninguna manera la pretensión de algunos políticos, supuestamente democráticos, de querer imponer la igualdad entre las víctimas habidas de la represión de uno y otro lado, no es lo mismo la violencia planificada y llevada a término por la dictadura franquista y la Iglesia católica; que la violencia incontrolada que generó la guerra civil, provocada por el golpe de estado militar.
El 18 de julio de 1936 se inició una programada persecución contra los defensores de la República, que no cesó hasta la muerte del dictador. Pretender ahora igualar o comparar a las víctimas de ambos lados, es indigno de cualquier persona sensata y democrática. Además las personas muertas durante la revolución por los incontrolados, una vez terminada la guerra civil, fueron homenajeadas plenamente y sus familiares estuvieron imponiendo por la fuerza su verdad, ninguno reclamó que se reconocieran los derechos morales de los perdedores, sino todo lo contrario, aceptaron el hecho diferencial de que ellos eran los mártires y los otros los asesinos, y ahora en plena democracia se pretende incomprensiblemente equipararlos, la cual cosa es una insensatez, teniendo en cuenta de que los represaliados por el franquismo continúan estando clasificados como delincuentes, pues, la actual democracia les niega a ser rehabilitados jurídicamente.
La Iglesia Católica debería como mínimo disculparse por la complicidad y la responsabilidad que tuvo con la represión franquista, el cardenal Antonio Maria Rouco Varela y Presidente de la Conferencia Episcopal Española, con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Galicia, fue invitado por la Asociación de familiares de víctimas de la guerra civil a tributarles un homenaje, su participación hubiera sido un acto de dignidad por su parte, hacia los que fueron asesinados por defender la democracia, pero se negó. Lo mismo ha sucedido con el cardenal - arzobispo de Barcelona Lluís Martínez Sistach i el arzobispo de Tarragona Jaume Pujol Balcells, ambos han sido invitados para tributar un homenaje a los republicanos asesinados, en los Cementerios de Barcelona y Tarragona, lugar donde están enterrados en fosas comunes como animales todos los hombres y mujeres víctimas del franquismo, como acto de contrición y se han negado a ello, ¿como?, no respondiendo e ignorando la invitación que se les hizo.
Recientemente el Cardenal – Arzobispo de Barcelona, ha abierto un expediente sancionador, para excomulgar al sacerdote de unos de los barrios más pobres de la ciudad de Barcelona, el padre Manuel Pousa, conocido entre sus feligreses como el padre Manel, por haber admitido públicamente haber participado en la interrupción del embarazo de una joven, por tratarse de un caso muy complicado y de extrema gravedad, accediendo a pagar el abortamiento como a mal menor, ya que a veces la dura realidad se impone a la ley. El hecho de cooperar en un abortamiento conlleva, en virtud del Derecho Canónigo, la pena de excomunión. Como siempre el comportamiento de la Iglesia Católica, es el de aplicar con el partidismo que nos tiene acostumbrados su implacable justicia.
La caridad no puede ser practicada por los representantes de la Iglesia que sean de buena fe, el que la practica corre el riesgo a ser excomulgado.
En el transcurso de los últimos setenta y cinco años, nos preguntamos: ¿Cuantos expedientes de excomunión se han abierto por parte de las jerarquías de la Iglesia Católica, a sacerdotes, obispos y otros representantes de la propia institución, por faltas graves o muy graves cometidas durante el franquismo, apropiación indebida de bienes privados y violación o abuso sexual de niños? Todos los actos delincuentes que cometen, son inmediatamente ocultados o difuminados en el transcurso del tiempo. Los últimos casos de pederastia que han salido a luz publica en estos últimos años, ¿como han acabado?, ¿se ha hecho público el veredicto de la Iglesia? NO, silencio absoluto.
El Papa Benedicto XVI, no estuvo muy acertado cuando se dirigió a los periodistas que lo acompañaban en el avión papal que lo traía de visita a España, atreviéndose a criticar la situación actual en que se encuentra el catolicismo español, haciendo unas declaraciones en las que comparaba el secularismo actual con el de los años de la Segunda República, ¿Cómo es posible que pronunciara estas palabras, contra la Segunda República, sin ningún pudor, cuando la propia Iglesia fue la responsable de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante la dictadura franquista? Su obligación moral como máximo mandatario de la Iglesia Católica, lo que debía de haber hecho es pedir perdón por la complicidad de sus representantes en España, durante la dictadura española. Aquellas palabras fueron desafiantes, ofensivas e indignas de la máxima jerarquía mundial de la Iglesia Católica, que estaba de visita en un país extranjero, pero el Gobierno español no se dio por enterado, sucedió todo lo contrario fue recibido con los brazos abiertos. ¿Como hubiera reaccionado Su Santidad, si el pueblo gallego y catalán, lo hubieran recibido con pancartas que denunciaran la actitud tolerante que ha tenido con los obispos y sacerdotes que han cometido abusos deshonestos contra los niños?
Cabe destacar algunos de los cardenales, arzobispos y obispos, que fomentaron el movimiento contra la Segunda República, colocándose al lado de los golpistas, antes, durante y después de la Guerra Civil, suscribiendo todos ellos con apasionada defensa del franquismo la Carta Colectiva del Episcopado Español, siendo los principales: Isidro Gomá y Tomás, Enrique Pla y Daniel, Gregorio Modrego Casasaus, Vicente Enrique y Tarancón, Manuel Irurita y Almándoz, Miguel de los Santos Díaz de Gómara y otros muchos más. Todos ellos se colocaron claramente en el bando de los sublevados, como pensadores ideológicos de la extrema derecha y el fascismo, excepto, el cardenal Vidal y Barraquer de Tarragona y Mateo Múgica arzobispo de Vitoria, que fueron de los pocos que se opusieron a la dictadura y a la Conferencia Episcopal Española.
Frases que tenemos que recordar pronunciadas por ilustres prelados de la Iglesia Católica: “La Guerra Civil fue el triunfo de Dios y la resurrección de España” del Cardenal Enrique Pla y Daniel. “La guerra de España no era una guerra civil, si no una lucha de los sin Dios, contra la verdadera España, contra la religión católica” del cardenal Isidro Gomá Tomás.
Monseñor Vidal y Barraquer, desde el primer momento respetó la voluntad del pueblo con la instauración de la República, era un nacionalista catalán y un gran defensor de las libertades democráticas, a pesar de ello, tuvo que marcharse a Roma para evitar que pudiera ser represaliado por los incontrolados, mediante un pasaporte que le facilitó el Presidente de la Generalitat Lluís Companys i Jover, pero al finalizar la guerra civil no pudo regresar porque el clero español y el gobierno franquista se lo prohibieron, por estar clasificado como no adicto al régimen, su conducta fue excepcional, actitud muy poco conocida y reconocida por los ciudadanos catalanes, si todos los representantes de la Iglesia Católica, hubiesen tenido la misma conducta democrática y ejemplar, muchas vidas hubieran podido ser salvadas de las garras del franquismo.
Quiero recordar también al obispo Fidel García Martínez, que fue represaliado y difamado por la dictadura del general Franco, defendió la libertad y la dignidad del hombre frente al Estado, con testigos falsos se le acusó de cliente frecuente de prostíbulos y cabarés, fue muy dura la campaña que tuvo de desprestigio, que culminó el 28 de agosto e 1952, con un informe policial reservadísimo de moralidad, entregado al arzobispo de Barcelona, quién lo llamó a comparecer para defenderse sobre las acusaciones, el obispo declinó y prefirió retirarse, terminando así con su vida civil, pública y eclesiástica, ante la indiferencia de toda la Iglesia española, en aquel momento toda ella sumisa ante el dictador.
La realidad es la de que en efecto continúa habiendo dos Españas, la de los vencedores y la de los vencidos, la España de la razón por la fuerza y la España de la fuerza de la razón. Vencieron los de la primera y continúan con todos los privilegios y malas conciencias, niegan la justicia universal y la reparación histórica, no son merecedores ni de la venganza, pero no podemos olvidar ni renunciar al derecho a continuar reclamando la rehabilitación jurídica de nuestros familiares.
Esperemos que todos aquellos hechos represivos nunca más puedan repetirse, por la violencia e intolerancia de unos militares españoles, con la colaboración de los ejércitos fascistas de Alemania e Italia, de la extrema derecha española y catalana y sobre todo de los representantes de la Iglesia Católica Española, pues, para ellos fue una Cruzada Santa.
Fueron crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la dictadura franquista, que nunca prescriben de acuerdo con la Convención de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas del año 1966, que España suscribió el 27 de julio de 1977, pero nuestros gobernantes, supuestamente democráticos, están acomplejados y acobardados, les falta decisión, valentía y voluntad política para afrontarlo y cumplirlos.
Las Naciones Unidas a través del Comité de los Derechos Humanos, ha recomendado en diferentes ocasiones al Estado español, la abolición de la Ley de Amnistía aprobada por las Cortes Generales españolas el día 15 de octubre de 1977, por las graves violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura, por estar en contradicción con las disposiciones de la Convención de los Derechos Políticos y Civiles del año 1966, que fue ratificado por España unos meses antes de la aprobación de la Ley, y que adopte las medidas legislativas para garantizar la no aplicabilidad de las limitaciones legales a los crímenes contra la humanidad en su jurisdicción nacional.
Pero el Gobierno español a través de su embajador en las Naciones Unidas, actuó con una contundencia poco habitual en diplomacia, contestando a esta recomendación con un duro informe en el que se lamentaba de que el Comité se hubiese metido en un asunto que desconocía, afirmando que la Ley de Amnistía de 1977, nunca sería anulada, ya que fue uno de los pilares del proceso democratizador y el respaldo a la transición pacífica de España.
“POLÍTICAMENTE VERGONZOSO, HUMANAMENTE VEJATORIO Y HUMILLANTE PARA LOS REPRESALIADOS”.
La federación Internacional de los Derechos Humanos, con sede en París, el 24 de Noviembre de 2008, solicitó al Presidente del Gobierno español, que impulsara la abolición de la Ley de Amnistía de 1977 y la creación de una comisión de la verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo, para cumplir las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos, puesto que pone a España en la vía de una clara violación de sus obligaciones internacionales, pero el Gobierno no hace ningún caso de esta recomendación.
Amnistía Internacional hizo público un manifiesto que decía. “España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia, los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción y debe poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral”.
La reacción del Gobierno español, fue la de presentar un proyecto de Ley, siendo aprobado por las Cortes Generales Españolas el 26 de diciembre de 2007, la decepcionante, humillante e injusta Ley 52, conocida como la Ley de la Memoria Histórica, por todo los grupos parlamentarios, excepto, Esquerra Republicana de Catalunya y el Partido Popular, naturalmente por razones muy distintas, que declara los juicios sumarísimos militares como injustos e ilegítimos, pero no los declara nulos de pleno derecho por ilegales, negando la rehabilitación jurídica a los represaliados por el franquismo, continuando estando clasificados como delincuentes.
Hemos luchado con todos los medios a nuestro alcance contra la incomprensión política de la actual supuesta democracia, para conseguir la rehabilitación jurídica de todos los republicanos represaliados por defender la legalidad constitucional de la República, no ha servido para nada, puesto que a pesar de los años transcurridos se les continúa negando sus derechos, debido a la falta de personalidad de nuestros gobernantes y a la amnesia política a que fueron sometidos mentalmente todos los políticos, excepto, algunas minorías, mediante los vergonzosos pactos a la transición.
Los políticos han estado en general insensibles, no hemos encontrado la solidaridad ni la colaboración necesaria para dar más fuerza a nuestras peticiones, frente a la incomprensión de la mayoría de los que tienen la obligación moral de resolver el problema.
La Associació Pro – Memoria asl Immolats per la Llibertat a Catalunya y la Mesa de Catalunya de Asociaciones Memorialistas, continúan trabajando incansablemente para conseguir la rehabilitación de todos los represaliados, pero no hemos sido correspondidos, en la mayoría de los casos solamente se han recibido buenas palabras, pero no hemos tenido el acogimiento que necesitábamos para hacer frente de una vez por todas al cierre de las heridas que continúan estando abiertas de las familias republicanas.
El comportamiento de los diferentes gobiernos españoles, que hemos tenido desde la instauración de la monarquía parlamentaria, supuestamente democrática, impuesta por el dictador y criminal de guerra el general Franco, y aceptada por todos los grupos parlamentarios que fueron legalizados en aquel momento, no han estado a la altura política de lo que se esperaba, y que merecían todos aquellos hombres, mujeres y niños que fueron asesinados en nombre de Dios, por defender la legalidad constitucional de la República, la historia los juzgará por su comportamiento inhumano, por no tener la valentía suficiente en resolver la deuda pendiente de la actual democracia, su rehabilitación jurídica, y muy en particular el gobierno socialista presidido por José Luís Rodríguez Zapatero y de su Ex – Vicepresidenta Maria Luisa Fernández de la Vega, por el incumplimiento de sus promesas públicas, así como la insensibilidad demostrada por el Jefe del Estado el Rey Juan Carlos I, que a pesar de que en el discurso de su coronación en las Cortes Españolas, se comprometió a ser el Rey de todos los españoles, sin excepción, no ha cumplido su juramento, ni tan si quiera se ha dignado a dar un paso frente a los diferentes gobiernos, para conseguir la tan esperada rehabilitación, admitiendo la existencia de dos clases de españoles. Sin embargo él ha estado concediendo títulos nobiliarios a unas cuarenta personalidades de la extrema derecha más intransigente, como reconocimiento a su adhesión al régimen franquista, en particular a la viuda del general Franco y a su hija Carmen Franco, como recompensa por haber sido nombrado heredero de la corona, sin contar para nada con el consentimiento y la renuncia de su padre Don Juan de Borbón, que era el heredero legítimo del reino de España. ¿Cuantas protestas ha habido por estas distinciones a personalidades franquistas responsables de los crímenes contra la humanidad? ¿Cómo debemos de interpretar la igualdad que proclaman, los que quieren asimilar a las víctimas de uno y otro lado?
Un punto y a parte se merece el Defensor del Pueblo el señor Enrique Múgica, que en reiteradas ocasiones se ha negado a colaborar con los familiares de los republicanos, negándose a recurrir la descafeinada Ley de la Memoria Histórica, a pesar de las reiteradas quejas formales que se le han hecho por escrito, por ser discriminatoria y admitir las sentencias como injustas por ilegítimas y no nulas de pleno derecho por ilegales, quedando las mismas automáticamente reconocidas como legales. Nos ha demostrado que de Defensor del Pueblo no tiene nada, sino todo lo contrario, que es el Defensor de las injusticias del Gobierno socialista, como buen militante de su partido. Su conducta hacia los familiares de las víctimas del franquismo ha sido vergonzosa e indignante, por el hecho de ostentar el cargo de Defensor del Pueblo e inhibirse de las responsabilidades y obligaciones de su cargo.
Cuando todavía no se había aprobado la mal nombrada Ley de la Memoria Histórica 52/2007 de 26 de diciembre, una representación de las asociaciones memorialistas que formamos la Mesa de Catalunya, visitamos a los diferentes grupos parlamentarios catalanes, menos el popular, para que desde el Parlamento de Catalunya, se instara al Gobierno español, para que fueran anulados todos los juicios sumarísimos militares, dictados por aquellos tribunales militares ilegales, unos nos contestaron de que ya nos darían la respuesta, pero nunca la tuvimos y otros que no querían hacer el ridículo. La triste realidad fue la de que solamente encontramos indiferencia y ninguna colaboración.
Después de varios años, concretamente el 2 de octubre de 2008, el pleno del Parlamento de Catalunya adoptó la resolución de reivindicar al Presidente Lluís Companys i Jover, instando al Gobierno de la Generaitat, para que hiciese lo que fuere necesario jurídicamente y políticamente para conseguir reparar su honor y la anulación de su juicio ilegal, teniendo en cuenta la ilegitimidad de los tribunales militares que lo juzgaron, tal como los declara la cobarde y vergonzante Ley de la Memoria Histórica, pero casualmente se olvidaron de incluir en la resolución al resto de los ciudadanos que también fueron represaliados y asesinados como el mismo Presidente. ¿Fue por olvido o deliberadamente?
El Gobierno de la Generalitat no tuvo ninguna prisa en cumplir el mandato del Parlamento y no reaccionó hasta transcurrido un año en poner en marcha la resolución, concretamente en la sesión del gobierno celebrada el día 15 de octubre de 2009, acordó instar al Fiscal General del Estado, mediante la intervención de la Fiscalía Superior de Catalunya, de plantear de oficio delante del Tribunal Supremo, un recurso de revisión para conseguir la anulación de la sentencia dictada por el Tribunal de Responsabilidades Políticas en Barcelona el día 14 de octubre de 1940, que condenaba a la pena de muerte al Presidente Lluís Companys i Jover y ejecutada el día 15 de octubre de 1940 en el Fosar de Santa Eulalia del Castillo de Montjuïc de Barcelona.
El Fiscal General del Estado el día 5 de abril de 2010, en respuesta al recurso presentado por la Genealitat de Catalunya, en el que se solicitaba la anulación del Consejo de Guerra que condenó a la pena de muerte al President Lluís Companys i Jover, resuelve no admitirlo a trámite, basándose en la Ley de la Memoria Histórica, interpretando que las sentencias son inexistentes y nulas de pleno derecho, al haber estado expulsadas del ordenamiento jurídico, resultando legalmente improcedente por falta de objeto la interposición del recurso ante el Tribunal Supremo, pero la sentencia continúa estando vigente, igual que las de los demás republicanos asesinados.
Así lo ratifica el Tribunal Militar Territorial Tercero de Barcelona, en su razonamiento jurídico de tres de noviembre de 2010, confirmando que son sentencias firmes, ya que la Ley de la Memoria Histórica, ni ningún Tribunal han dictado la nulidad de pleno derecho.
En el contexto de la resolución dictada por el Fiscal General del Estado, tiene la osadía de hacer un estudio de derecho comparado con otros países de nuestro entorno, como Alemania y Austria, que por ley aprobada por sus respectivos Parlamentos, anuló en bloque todas las sentencias dictadas durante la época nacionalsocialista, sin necesidad de un examen o revisión de cada caso concreto y la Fiscalía era el órgano de expedir la correspondiente certificación de nulidad, la cual cosa no sucede en España con la Ley de la Memoria Histórica, que no anula de pleno derecho los juicios sumarísimos militares dictados por aquellos criminales tribunales ilegales, solamente los declara injustos por ilegítimos y no nulos de pleno derecho por ilegales, y el Fiscal General del Estado no queda facultado para expedir ninguna certificación de anulación de pleno derecho, que tan irresponsablemente él asegura en su resolución.
La resolución dictada por el Fiscal General del Estado, es totalmente contraria a derecho, atreviéndose a compararla con otros países, la cual cosa se puede considerar como una verdadera falacia, una burla y un escarnio más para las personas que fueron represaliadas durante el franquismo, es vergonzoso que después de más de treinta y cinco años de la muerte del dictador y criminal de guerra el general Franco y treinta y tres de la instauración de la supuesta democracia se nos continúe negando la rehabilitación jurídica de nuestros familiares.
Por parte del Ministerio de Justicia, se le ha solicitado la certificación acreditativa de que las sentencias son nulas de pleno derecho, de acuerdo con la resolución del Fiscal General del Estado y pero por respuesta hemos tenido el silencio administrativo. Este es el trato indigno que nos dan a los familiares de los represaliados, cuando nos dirigimos a una institución pública reclamando nuestros derechos.
Después de la vergonzosa resolución dictada por el Fiscal General del Estado, negándose a admitir el recurso de revisión del Presidente Lluís Companys i Jover, nos dirigimos al Presidente de la Generalitat don José Montilla, preguntándole que medidas jurídicas y políticas se habían tomado o que se tomarían para reactivar el proceso de anulación del ilegal juicio, no se ha tenido tampoco ninguna respuesta, silencio total, por lo que parece el Gobierno Catalán estaba conforme con la decisión tomada por el Fiscal.
Esta es la deuda que tiene pendiente la actual y supuesta democracia con los represaliados del franquismo, siendo totalmente responsables todos los Gobiernos estatales que hemos tenido desde el año 1977, así como también los diferentes Gobiernos de la Generalitat de Catalunya, por su tolerancia y falta de sensibilidad demócrata y probada en el transcurso de todos estos años, constatando que no han tenido la voluntad política firme y ni ganas en querer resolver el problema.
Todos los políticos, salvo alguna pequeña excepción, desde el inicio de la nueva democracia han mostrado tener la voluntad expresa de querer pasar de aquella nefasta página de la historia española. Los familiares nos sentimos gravemente ofendidos, por estas ganas de querer ocultar y olvidar aquella represión, siendo injusto su proceder negativo hacia todas aquellas personas que padecieron aquella cruel represión, no quieren darse cuenta de que la supuesta paz y bienestar que disfrutamos es totalmente ficticia.
La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo recientemente ha notificado la sentencia que reconoce que la condena a muerte del poeta Miguel Hernández se produjo por motivos “políticos e ideológicos”, fue radicalmente injusta y carece en la actualidad de vigencia jurídica de acuerdo con la Ley de la Memoria Histórica. El fallo no establece la nulidad de la sentencia y a la vez no acepta la interposición del recurso de revisión, que es lo pretendían sus familiares. Un solo miembro del Tribunal ha formulado un voto particular en el que sostiene que se debió autorizar la interposición del recurso de revisión a la familia del poeta, ya que la aplicación de la Ley de la Memoria Histórica, no permite la nulidad de la sentencia del consejo de guerra.
El Fiscal General del estado y los Tribunales Superiores de Justicia, actualmente se basan en la teoría de la Ley de la Memoria Histórica, para rechazar los recursos de revisión de los juicios militares dictados por aquellos tribunales militares ilegales, pero cabe tener presente que con anterioridad a esta Ley, también rechazaban la interposición de recursos de revisión, tengamos presentes los casos Joan Peiró i Belis, Salvador Puig i Antic y otros. Así funciona la justicia en este País, se adapta en cada momento o circunstancia, según convenga y nadie quiere tomar las medidas políticas necesarias para resolverlo.
Los republicanos que fueron asesinados por orden de aquellos tribunales militares ilegales, por defender la legalidad constitucional de la República, han estado juzgados y condenados dos veces. La primera, durante la sangrienta dictadura católica - fascista; i la segunda, por la olvidadiza actual democracia. Esta segunda es mucho más dura y dolorosa para los familiares que teníamos la esperanza de conseguir la rehabilitación jurídica, con la llegada de la nueva democracia, de sus padres, abuelos, hermanos o amigos.
Una vez acabada la Guerra Civil, el Caudillo de España Francisco Franco por la gracia de Dios, ordenó sin ningún escrúpulo, la anulación de todas las sentencias que fueron dictadas por los tribunales legales de la República, contra las personas que habían sido juzgadas por rebelión militar. En cambio los actuales políticos, los fiscales del estado, magistrados y jueces, supuestamente democráticos, niegan la anulación de los juicios dictados por aquellos tribunales militares ilegales.
Es sorprendente e irracional a nivel político y judicial, que el Tribunal Supremo haya admito a trámite la querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón, presentada por Falange Española y Manos Limpias, por iniciar la investigación contra el franquismo.
¿Cómo puede existir en una democracia como la española, partidos o fundaciones de ideología fascista, que colaboraron directamente con los crímenes del franquismo y que no han condenado aquel régimen? ¿No deberían de ser ilegalizados, siguiendo el mismo procedimiento que se ha utilizado con Herri Batasuna, por no condenar los crímenes de ETA? ¿Es que las leyes solamente son aplicables para determinados casos y según de que ideología se trate?
Nuestras madres, las más olvidadas y sacrificadas, que fueron las que padecieron directamente la tiranía y la represión de aquel criminal de guerra y de todos sus colaboradores, muy en particular por la soberbia y la falta de caridad de las vengativas jerarquías de la Iglesia Católica, no han podido ver la rehabilitación jurídica de sus seres queridos.
Es una vergüenza política encontrarnos en esta situación de indiferencia, en un país que se autocalifica de demócrata y que condena las represiones que están padeciendo los pueblos de otros países, muy en particular los que están situados en el norte de África y Oriente Medio, consideramos de que es la burla y el escarnio más grave que se ha podido cometer en plena democracia, hacia todos aquellos españoles que se les arrebató la vida por defender las libertades democráticas y los derechos sociales, valores que hoy hipócritamente dicen que defienden la mayoría de los políticos españoles.
Reclamamos la rehabilitación jurídica de las personas que fueron ilegalmente juzgadas y asesinadas, pero los tribunales y los políticos supuestamente demócratas nos lo niegan.
ASSOCIACIÓ PRO – MEMÒRIA ALS IMMOLATS PER LA LLIBERTAT A CATALUNYA
