Reparación de la memoria

 La persecución y sufrimiento padecidos por Pedro Pérez Martínez, último alcalde republicano de la villa textil de Pradoluengo, reciben su reparación moral tras 73 años de ostracismo

diariodeburgos.es.

J.J. Martín / Pradoluengo

Setenta y tres años es mucho tiempo. Concretamente, veintiséis mil seiscientos cuarenta y cinco días, casi seiscientas cuarenta mil horas. Quizás, los impulsores del golpe de estado que condujo a la Guerra Civil creyeron que tantos minutos, tantos segundos, marcados lentamente en el reloj del miedo, serían capaces de hacer olvidar ultrajes, vejaciones y fusilamientos. Tras la maldita guerra, y bajo la insoportable presión de la culpa o tras los visillos de una venda impuesta en la memoria, el silencio se hizo dueño de las conciencias. Las mentes de quienes sufrieron aquellos años reaccionaron con instinto de supervivencia, enmudeciendo, intentando dejar de sentir, cobijando como un tabú, en lo más recóndito de su cerebro, las imágenes más duras de la época contemporánea española.
El 9 de octubre de 1936, tras dos meses y 14 días en prisión preventiva, se desarrolla en Burgos un juicio sumarísimo. Ante el tribunal militar, el alcalde electo de Pradoluengo, Pedro Pérez Martínez, oye atónito la voz del secretario que, cual reflejo onírico de una larga pesadilla, retumba portentosa en la sala: «Resultando: Que el procesado tuvo noticias hacia la una de la madrugada del día 19 de julio, de la celebración de una reunión por parte de elementos simpatizantes con el Movimiento Nacional que entonces se iniciaba, y en su deseo de oponerse al mismo, telegrafió al que fue gobernador civil de la provincia, pidiéndole medios para realizar el indicado fin y, de acuerdo con la respuesta que recibió, encargó al presidente de la UGT del citado pueblo, llevara una orden escrita para el teniente Jefe de la Guardia Civil de Belorado, al objeto de que al mando de dicha fuerza, pasase a Pradoluengo y procediera a la detención de aquellos elementos que pudieran colaborar en el Movimiento Nacional, cosa que no pudo llevarse a efecto, por haber recibido orden de la Guardia Civil de concentrarse en la Capital. El procesado es elemento destacado extremista de la localidad y formaba en uno de los partidos del que se llamó Frente Popular».
Efectivamente, Pedro fue desde la jubilosa proclamación de la República unos años antes, uno de tantos españoles que vivieron con implicación los cambios esperanzadores del nuevo sistema político. Este pequeño empresario familiar, que soñó con crear una fábrica de embutidos en su localidad natal, emigró en su juventud a Veracruz, donde fue uno de los hombres de confianza de su paisano el indiano Crótido de Simón. Al no conseguir los resultados crematísticos esperados, Pedro volvió a España y simpatizó en Madrid con las ideas republicanas. Su retorno a Pradoluengo coincidió con ese caldo de cultivo, en el que se fraguó el cambio político hacia un sistema democrático. 
El 19 de abril de 1931, Diario de Burgos daba cuenta de la proclamación de la República en Pradoluengo cuatro días antes. Acompañado de «numerosos correligionarios» y de la banda municipal, el Comité Republicano, presidido por nuestro protagonista y respaldado por Eulogio Bartolomé, Abdón de Miguel y Felipe Pérez, izó la bandera tricolor a los sones del Himno a Riego. Las primeras palabras del Comité fueron un llamamiento a respetar el orden, declarando que la República era un régimen «de paz, de libertad y de justicia, y que por lo tanto todos y cada uno de los que lo integran han de dar pruebas inequívocas de que son hombres de orden, que quieren a su pueblo y a su patria, a cuyo bienestar y engrandecimiento encaminarán y ordenarán todos sus actos». Años después, Pedro se afilió a Izquierda Republicana, el partido de Azaña, siendo proclamado alcalde tras la victoria del Frente Popular en febrero del 36. Entre otras medidas significativas, medió entre patronos y obreros de las fábricas textiles, en momentos duros de crisis y carestía de trabajo. Su labor también destacó en la promoción de la vida cultural y deportiva, destacando su preocupación por los más desfavorecidos.
Como tantos otros, el «delito» por el que cínicamente se le condenó fue por «auxilio a la rebelión», prestada según su sentencia, «por los actos realizados por el procesado a la rebelión militar en contra del Movimiento Nacional». La pena aplicada fue la de quince años de reclusión e inhabilitación absoluta durante la condena. Una condena que suponía no sólo la aniquilación personal, sino el sufrimiento y el ostracismo para toda su familia quien, en virtud de la ley de responsabilidades políticas, quedó prácticamente desamparada y desprovista de sustento. Su traslado a la cárcel supuso un halo de esperanza, máxime en los primeros meses de la contienda, donde la represión alcanzó cotas inenarrables. Sin embargo, las condiciones del fuerte pamplonés de San Cristóbal, donde fue conducido, eran nefastas. Tratamiento vejatorio, frío, hambre, humedad, torturas físicas y psicológicas, se cebaron entre aquellos desdichados. Tras año y medio de supervivencia, Pedro falleció de tuberculosis el 13 de enero de 1938. Tenía 56 años y dejaba viuda y seis hijos.
Y tras la muerte, el silencio. Setenta y tres largos años de silencio, sólo roto por el quejido amargo de bisbiseos escondidos. Tras la restauración democrática, el Ayuntamiento de Pradoluengo dedicó a Pedro una calle en 1990 y, en 2009, expuso durante 73 días, el mismo número de años en los que se tardó en reconocer su figura, la resolución de reparación y reconocimiento personal, para conocimiento de su rehabilitación oficial entre los pradoluenguinos, de los que fue el último alcalde constitucional de la Segunda República.    

Las huelgas de la libertad

 Las huelgas de la libertad Desde 1975, los sindicatos han convocado cinco paros generales. El de 1988, contra Felipe González, marcó la ruptura entre PSOE

1985, 1988, 1992, 1994 y 2002, pero hay quien suma a todas ellas una sexta huelga, más temprana, que habría tenido lugar en 1978, si bien aquella protesta no fue específicamente española, sino de alcance europeo, y Europa quedaba todavía políticamente muy lejana.

Sí es opinión unánime, en cambio, que la gran huelga general de la restauración democrática fue la de 1988 contra el Gobierno de Felipe González. UGT y CCOO consiguieron literalmente paralizar el país. Eran tiempos de gran pujanza económica y los sindicatos no estaban dispuestos a aceptar el abaratamiento del despido o el Plan de Empleo Juvenil, que pretendía abrir de par en par las puertas al empleo precario. La contundencia del éxito de la convocatoria fue tal que obligó al Gobierno socialista a rebajar sustancialmente su agenda de recortes sociales y a impulsar políticas redistributivas de cierto alcance. Aunque aún habría gobierno socialista para ocho años más, el 14 de diciembre de 1988 marcó en el mandato de Felipe González un amargo punto de inflexión cuyo filo más dramático fue la ruptura entre PSOE y UGT.

Hay quien suma a todas ellas una sexta huelga, en 1978, si bien no fue específicamente española Pero tres años antes de aquel legendario 14-D, las Comisiones Obreras que dirigía Marcelino Camacho ya lo habían intentado en solitario con una convocatoria que no consiguió paralizar el país, aunque logró hacerse notar en las grandes empresas industriales del país. Fue un aviso, pero difícilmente podía asustar a un Gobierno que estaba en su primer mandato con una mayoría aplastante en las dos cámaras y un apoyo social abrumador.

Felipe González aún tendría que soportar dos huelgas generales más, en 1992 y en 1994, pero ninguna de las dos lograría emular a la de 1988. La bandera sindical no era en ambos casos muy distinta que unos años antes: contra el recorte de prestaciones sociales y la reforma laboral. Pero eran tiempos de crisis y los márgenes de concesión ya no eran los de 1988.

Y en 2002 le tocó a Aznar. También ahí los sindicatos torcieron el brazo del Gobierno, que tuvo que guardar en un cajón el decretazo en la protección del desempleo aprobado por la vía de urgencia semanas antes de la huelga. También para José María Aznar fue el comienzo del fin. Pero él aún no lo sabía.

1985. Un ensayo general con desigual seguimiento

De las huelgas generales de la democracia, la de 1985 fue la única convocada en solitario por CCOO. Aunque también se sumaron sindicatos minoritarios, entre ellos el vasco ELA-STV, no lo hizo la poderosa UGT. La fallida protesta era contra la Ley de Pensiones que establecía dilatar de dos a ocho años el periodo para calcular la pensión. Los cinturones industriales de Madrid, Catalunya o Galicia sí se hicieron eco del llamamiento, pero no así otros sectores clave como el de los transportes, cuyos centros neurálgicos fueron firmemente custodiados por la policía. La derecha, entonces nucleada en torno a Alianza Popular, no apoyó la huelga, pero no logró ocultar su sincera complacencia ante la convocatoria.

1988. El país se paralizó y el Gobierno negoció

Si el Gobierno de Felipe González albergaba el 13 de diciembre alguna esperanza de que fracasara la huelga convocada para el día siguiente, sus ensueños se desvanecieron a las doce en punto de la noche, cuando la señal de TVE se cortó en pleno Telediario 3. Los sindicatos empezaban a ganar la partida. De hecho, la del 14-D acabaría convirtiéndose en la ‘huelga perfecta': no hubo incidentes de mención, el país se paralizó y el Gobierno se vio obligado a retirar su Plan de Empleo Juvenil. Se retrasaba así la implantación de los llamados contratos basura, que no obstante siguieron acechando hasta colarse unos años más tarde en la legislación laboral española. El Gobierno, además, imprimió un acusado giro social a sus políticas redistributivas. Las heridas abiertas en el seno de la familia socialista tardarían años en restañarse.

1992. Media huelga nunca será una huelga entera

Al hacer el cómputo de huelgas generales durante los años de gobierno del Partido Socialista alguien tuvo la ocurrencia de afirmar que a Felipe González le había hecho no tres huelgas, sino dos y media. La media fue la de 1992. La convocatoria fue de media jornada y, como era previsible, resultó más bien un fracaso, aunque su bandera era similar a la de otras convocatorias: protestar contra el recorte de los subsidios del desempleo. En el espectro político sólo Julio Anguita interpretó que la huelga había sido un éxito, aunque el hoy redivivo Francisco Álvarez-Cascos no desaprovechó la ocasión para airear el "récord de huelgas generales" de los gobiernos socialistas. Fue un duro revés para los sindicatos.

1994. Sólo paró la industria y la construcción

Dos años después de la huelga que coincidió con la Expo de Sevilla y los Juegos Olímpicos de Barcelona, los sindicatos mayoritarios volvieron a intentarlo. La fecha elegida fue el 27 de enero y tampoco esta vez los resultados se aproximaron a la rotundidad de la victoria del 14-D. Los sindicatos protestaban contra la reforma del mercado laboral y la congelación de los sueldos de los funcionarios, así como contra la disminución del poder adquisitivo de las pensiones. El Gobierno proponía recortes y los sindicatos seguían intentando impedirlos, pero tampoco esta vez lo consiguieron. Paró la industria y la construcción, pero no los centros de El Corte Inglés (en la imagen, uno de los de Madrid).

2002. Por fin le tocaba el turno a la derecha

Y por fin le tocó a la derecha. Desde los años ochenta, el partido conservador había observado como un espectador neutral sólo en apariencia los sucesivos paros generales contra los gobiernos de la izquierda. A la altura de 2002 el Ejecutivo de José María Aznar había reunido méritos más que suficientes para concitar las iras sindicales. Su pretensión de recortar fuertemente la protección del desempleo desencadenó una dura protesta de largo alcance que la intensa propaganda gubernamental no logró minimizar. A primera hora de la mañana el portavoz del Gobierno, Pío Cabanillas, proclamó sin sonrojarse que la huelga había sido un fracaso. Cabanillas creía estar describiendo la situación, pero su diagnóstico era tan inverosímil que en realidad estaba cavando su tumba política. En la imagen, la estación sevillana de Santa Justa.

ABRIR LAS FOSAS COMUNES DE UNA VEZ.

martes, junio 22, 2010

ABRIR LAS FOSAS COMUNES DE UNA VEZ.

Artículo de opinión de Javier Ortiz

Desde octubre del año 2000, en que se realizó con metodología arqueológica la primera excavación de una fosa común de la Guerra Civil, muchas han sido desde entonces exhumadas a lo largo de toda la geografía del país. Se pueden contar por docenas y las víctimas recuperadas por centenares. Diferentes asociaciones y organizaciones han sido las responsables de haber realizado estos trabajos de recuperación. De hecho, pusieron de moda el término memoria histórica. En 2006, el Gobierno de Zapatero optó por conceder subvenciones anuales a estas asociaciones y dejar que fueran ellas las encargadas de realizar los trabajos de documentación, exhumación e identificación. Ha sido una responsabilidad, por tanto, que ha recaído en asociaciones de voluntarios, donde en muchos casos han primado, frente a los criterios científicos, intereses personales, políticos o incluso económicos. En algunos casos, además, sus dirigentes y/o técnicos no estaban preparados para realizar una labor de esta envergadura por carecer de cualificación técnica o profesional.

El tema de las exhumaciones es demasiado importante como para que se haya dejado en manos de la improvisación con que trabajan muchas de estas organizaciones, y que ponen a prueba constantemente la dimensión científica que debe presidir este trabajo. Por respeto a las víctimas, las cosas no deberían haber ocurrido así. Y cuando hablo de víctimas no me refiero solo a los asesinados y enterrados en las cunetas de cualquier carretera de España, sino que también pienso en sus familiares, a los que, además de arrancarles la vida de un ser querido, se les negó el derecho a un entierro digno, impidiendo así cerrar el ciclo del duelo.

Y es que un crimen siempre será un crimen. Venga de donde venga, de la izquierda o de la derecha, del franquismo o del terrorismo de ETA, y carece de sentido que los unos quieran utilizarlo en plan revanchista para intentar hacer ver lo malos que eran los otros. Sea como sea, la dimensión del movimiento de la memoria histórica ha ido mucho más lejos, por así decirlo, de los conceptos de desaparecido y de fosa común. Estamos asistiendo a un revisionismo de nuestra historia reciente en el que surgen interpretaciones partidistas e interesadas sobre procesos como, por ejemplo, el de la Transición, que personalmente creo que es de lo poco que los españoles hemos hecho bien. Han aparecido también voces que claman para que se anule la Ley de Amnistía del 77: lo que nos obliga a recordar que dicha ley fue un logro de la izquierda y no de los franquistas, que se resistían a ella, y por la que hubo gente que llegó a perder la vida en la lucha para que se aprobase. Con ella se pretendía sacar de la cárcel a todos los antifranquistas encerrados, no indultar los crímenes de la dictadura. Una cosa es que en la Transición pudieran quedar algunos temas mal resueltos, pero de ahí a renegar de ella, y decir que aún gobiernan los franquistas y que este país no es una verdadera democracia, dista un abismo.

Algunos no salimos de nuestro asombro cuando vemos que determinados intereses están tergiversando el pasado reciente hasta el punto de intentar forzar una "argentinización" del caso español, llegando a comparar lo que se hizo aquí con las leyes de punto final que firmó Menem, cuando se trata de dos casos completamente distintos y contrapuestos, pese a que algunos insistan en hacerlos coincidir. Como afirma el periodista Florencio Domínguez, a este paso vamos a necesitar un comité de expertos que establezca "la verdad histórica" de la Transición.

Desde aquellos hechos han pasado más de 30 años y más de 70 desde la Guerra Civil. Ya va siendo hora, por tanto, que todo esto se analice y se vea desde la tranquilidad y el sosiego, y dejarnos de apasionamientos para poder realizar investigaciones serias de la historia de España, ayudar a las personas que tienen algún desaparecido y dejar por fin de utilizar esos asesinatos como arma arrojadiza de los "unos" contra los "otros". Este país se va mereciendo que no se levanten ampollas, ni peleas de taberna, y menos aún por su historia.

Para poner un poco de cordura a todo este asunto, debería ser el Gobierno español el encargado de llevar a cabo las exhumaciones que se hayan solicitado y poner así, en una cuestión tan delicada, algo de sentido común encima de la mesa. La fórmula que se ha utilizado hasta ahora, la de subvencionar y dejar el trabajo en manos de voluntarios no profesionales, ha demostrado ser errónea y estar agotada. Y debo, en este punto, entonar yo mismo un mea culpa por la parte de responsabilidad que me corresponde por haber ayudado a crear algo que se nos ha escapado de las manos y que ha creado más división que unión.

Las importantes cantidades de dinero dadas por el Gobierno (aunque haya asociaciones que insistan en negarlo) no se han visto recompensadas por los resultados obtenidos. Un acuerdo del pasado día 11, entre IU-ICV y el PSOE, ha hecho posible una modificación de la llamada Ley de la Memoria Histórica (que nunca ha servido para una sola exhumación y que solo se hizo con el fin de acallar críticas) para que sean las administraciones las que se responsabilicen del trabajo en las fosas comunes de la Guerra Civil. Así dicho, desde luego suena bien y acertado. Por fin, el Gobierno toma directamente cartas en el asunto, aunque sería interesante saber por qué no había tomado hasta ahora esta decisión. Tal vez había visto que se trataba de una bomba de relojería que podía estallarle en las manos en cualquier momento. Como dice el refrán, más vale tarde que nunca.

Ahora les toca explicar cómo tienen previsto llevar adelante esta nueva decisión, qué administraciones son las que habrán de responsabilizarse e involucrarse en esta labor. Y es que una cosa es querer y otra, muy distinta, poder; y es previsible que surjan muchas dificultades. Las Comunidades Autónomas seguramente tendrán mucho que decir al respecto. Hay algunas, como Aragón, que consideran que las exhumaciones de fosas comunes, al considerarlas yacimientos arqueológicos, están sujetas a la ley de patrimonio histórico de ese Gobierno. La Administración catalana, en cambio, no está por la labor de exhumar dichas fosas comunes y prefieren colocar monolitos en recuerdo de las víctimas.

En los próximos meses, el Gobierno deberá proponer un modelo de trabajo, que no sea otra vez fruto de las prisas y la improvisación y que no debería responder, simplemente, al afán de obtener un rendimiento político. Deberá ser valiente y saber dar un paso hacia atrás, que en ello no hay nada malo, pues saber rectificar es de sabios. Es necesario que pregunte y solicite consejo a los profesionales y, sobre todo, su tarea es la de ayudar a las personas que soliciten las exhumaciones dándoles soluciones, para así reconducir todo este proceso, en el que no han de tener ningún protagonismo y que deber ser realizado, por supuesto, sin ningún tipo de revanchismo como al que hemos asistido hasta ahora.

Quizá lo mejor sería hacer las cosas con naturalidad y sobre todo con mucha humildad. Tal vez el Gobierno debería fijarse en modelos que ya funcionan, como el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), uno de los grupos más respetados en todo el Cono Sur, de amplia y contrastada experiencia a nivel internacional, donde prima la profesionalidad y lo que más importa es la calidad del trabajo realizado y no la cantidad de fosas exhumadas, como ha sucedido en España. No en vano, ellos fueron el primer grupo de este tipo a nivel mundial, trabajando en el campo de los desaparecidos desde 1984, primero en Argentina y más tarde en otros países. Se puede decir, sin lugar a dudas, que este equipo creó escuela y tal vez sea el espejo en el que España debe reflejarse.

Estamos en un momento en el que el Gobierno puede rectificar y reconducir toda esta dispersión de esfuerzos realizados hasta el día de hoy, por eso habrá que ver cómo se materializa este compromiso contraído con la sociedad española en general y con las víctimas en particular. Al menos, confiemos en que esta vez, por fin, las cosas se hagan bien. Por lo menos, que haya voluntad real de ello.

(El Pais. 31 / 05 / 2010)