Tuesday, September 07, 2010






























Alonso afirma que Garzón siempre ha sido un juez decente, que ha hecho mucho por España


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Envía esta noticiaImprimirMadrid, 7 sep (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, José Antonio Alonso, ha mostrado hoy su "respeto" a la decisión del Supremo de juzgar al juez Baltasar Garzón, de quien ha destacado que "siempre ha sido un juez decente", que ha hecho "mucho" por España y dio un "giro decisivo" a la lucha contra ETA y su entorno. Seguir leyendo el arículo

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Alonso ha hecho esta reflexión tras la reunión de la junta de portavoces, a propósito de la decisión del Tribunal Supremo de avalar el procedimiento contra Garzón por declararse competente para investigar las desapariciones durante el franquismo.



"Respetamos las decisiones de todos los tribunales", ha subrayado Alonso, antes de añadir que, a la espera de la resolución final, no tiene "ninguna duda" de que el juicio contra Garzón por prevaricación se celebrará "con todas las garantías".



El dirigente socialista ha destacado que "siempre" les ha parecido un "juez decente y que ha hecho muchas y buenas cosas por este país", entre las que ha destacado que fue una de las primeras personas que comprendió que ETA y el complejo Batasuna eran lo mismo".



Tras resaltar su "respeto absoluto" por lo que decida el Supremo, Alonso ha deseado a Garzón le vaya "lo mejor que le pueda ir".



El portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, ha criticado que el Supremo avale el "linchamiento de un juez justo" y se sume a aquellos que no quieren que "haya ni verdad, ni justicia, ni reparación con las víctimas del terrorismo franquista".



Llamazares ha tachado de "vergüenza" para este país que "mientras el TS pretende amordazar a un juez que quiere investigar a las víctimas del franquismo, sea un tribunal argentino el que investiga la causa" en España.



"No corren buenos tiempos para el prestigio de la Justicia, pero mucho menos cuando el Tribunal Supremo avala el linchamiento de un juez justo y cuando (éste) es "cómplice de la amnesia con respecto a las víctimas del terrorismo franquismo".



En este sentido se ha pronunciado el diputado de ICV en el Congreso, Joan Herrera, quien ha opinado que el Supremo se ha convertido en la "última trinchera y en un "obstáculo para que las instituciones tengan un funcionamiento mínimamente normalizado".



"Lamentablemente, hoy es un día para la vergüenza, porque mientras en Argentina nos dan lecciones, en España, una democracia consolidada, lo que hacemos es juzgar a un juez justo", lo que convierte este hecho en una situación "muy grave".



Para el portavoz de ERC, Joan Ridao, la decisión le parece "desaforada, desorbitante e innecesaria" y supone, en su opinión, una "persecución en toda regla" contra el juez por ir contra una causa del franquismo que "no merecía este desenlace".

Ley de Memoria Histórica

La Ley de Memoria Histórica obligará a todas las administraciones a retirar los símbolos franquistas.
La última modificación del proyecto de ley capacita a ayuntamientos y otras administraciones a privar de subvenciones a quienes conserven un recuerdo arquitectónico del franquismo o el golpe de estado.  de Memoria con efectos limitadosLas fosas de la memoriaLa Ley de Memoria Histórica se ha endurecido hoy tras su paso por la ponencia del Congreso, uno de los trámites parlamentarios previos a la aprobación de la norma. Antes, el texto recomendaba a las administraciones públicas la eliminación de los símbolos franquistas de edificios españoles. Ahora, la norma dota a estas administraciones de un nuevo instrumento para hacer efectiva la retirada de estos símbolos: podrán privar a quienes los conserven "de subvenciones o ayudas públicas".
La medida afecta tanto a instituciones públicas como privadas y también a particulares, según el renovado artículo 15 de la ley. Sólo podrán conservarse aquellos símbolos que sean "de estricto recuerdo privado sin exaltación de los enfrentados cuando concurran razones artísticas y arquitectónicas protegidas por la ley".
La próxima semana, la norma será elevada a la Comisión Constitucional. El documento contó con el visto bueno de todos los ponentes, con excepción de los representantes del PP, que rechazan frontalmente su contenido, y de ERC, formación que considera insuficientes sus medidas y por ello se abstiene sin oponerse a su tramitación.