El fiscal no ve delito

El fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Eduardo Esteban, ha archivado las diligencias abiertas por el ministerio público en relación con la moción de apoyo al juez Baltasar Garzón aprobada por el Ayuntamiento de Ferrol el 25 de marzo del año pasado. La fiscalía no aprecia delito, porque la remisión del acuerdo al magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela se debió "a una falta de cuidado o de celo" del consistorio y no a un intento de atacar la independencia del juez.
Las diligencias de investigación fueron abiertas a instancias de la propia Sala Segunda del Supremo, después de que Varela (instructor de la causa contra Garzón por abrir la primera causa penal para investigar los crímenes del franquismo) recibiera una copia del acuerdo.
El artículo 508 del Código Penal castiga "a la autoridad y funcionario administrativo o militar que atentare contra la independencia de los jueces o magistrados, garantizada en la Constitución, dirigiéndoles instrucción, orden o intimación relativas a causas o actuaciones que estén conociendo".
La fiscalía declara que para que se produzca este delito debe existir la intención de violentar la voluntad del magistrado. Y cuando se interrogó al alcalde de Ferrol, el socialista Vicente Irisarri, este explicó, como recoge el propio acuerdo, que a quien se debía enviar era al Consejo General del Poder Judicial. La remisión al Supremo la decidió la Secretaría del Consistorio, porque "desde hace muchos años" las mociones de carácter político se notifican a "todas las personas o instituciones que puedan verse concernidas por las mismas". Por eso se le envió a Varela y hasta al presidente de la Audiencia Nacional. 

Unas cien mujeres vejadas

Unas cien mujeres vejadas por el franquismo cobrarán indemnización


 María la expulsaron de la escuela por cometer el pecado de ser hija de un rojo. A Juana, por el mismo motivo, la desplazaron a la esquina de la clase, como si estuviera castigada de por vida. A Dolores, hermana de otro rojo, la obligaron a hacer lo que entonces era considerado un trabajo de hombres: cada día tenía que barrer las calles del pueblo para que todos pudieran señalarla y mofarse de ella. A Luisa, también familiar de rojos, le raparon la cabeza. A Angelita, con la misma mala suerte de haber nacido en casa de republicanos, la violó un falangista, la dejó embarazada y le ordenó trabajar para él y su familia como una vulgar sirvienta.
Todo, salvo los nombres, son historias reales que sucedieron en la dictadura franquista en Andalucía. Estas mujeres, la mayoría nonagenarias, aún viven para contarlo y son las primeras que comenzarán a cobrar la ayuda de 1.800 euros aprobada por la Junta para resarcirlas de las vejaciones a las que fueron sometidas.
El periodo de tres meses previsto para presentar las solicitudes concluye mañana, aunque la Junta ampliará el plazo si continúan llegando. Hasta el momento, la cifra asciende a 177. En 50 casos, el pago ya sólo está pendiente de ser librado por Hacienda, según confirmó a Público el viceconsejero de Gobernación y Justicia, José Antonio Gómez Periñán. La Junta calcula que, en total, serán aprobadas en torno al centenar.
“Las historias que nos han llegado son sobrecogedoras; nuestra intención es dar un reconocimiento público a estas mujeres, mucho más que la compensación económica”, resume el viceconsejero. La mayoría proceden de núcleos rurales. “Porque en este tipo de represión se jugaba con el conocimiento público”, añade Gómez Periñán.
La comisión técnica que estudia cada caso ha rechazado bastantes solicitudes porque no se ajustan a esta represión tan específica, que hasta ahora no había sido reconocida por ninguna institución, ni siquiera por la Ley de Memoria Histórica. “Algunas mujeres han expuesto que fueron detenidas o encarceladas, pero para resarcir esa represión existe otra vía, y ha habido también casos en los que se ha pedido más documentación”, asegura el viceconsejero.
Homenajes públicos
La medida, pionera en España y ampliamente criticada por el PP, llega sin embargo tarde. La mayoría de las víctimas ya no viven. “Hace unos días falleció una mujer que aún no había presentado la solicitud; por eso es tan importante que se empiece a pagar ya y, sobre todo, homenajearlas públicamente”, sostiene Cecilio Gordillo, coordinador del grupo de trabajo de Memoria Histórica de CGT-A.
Luisa Rodríguez García, que será también indemnizada, es la única que hasta el momento ha recibido un reconocimiento público. El Ayuntamiento de Montellano (Sevilla), celebró un pleno extraordinario el pasado 13 de noviembre. “Luisa es un ejemplo para las nuevas generaciones por su integridad y su lucha incansable por los derechos”, rezaba la declaración. Ella, rapada y obligada a ingerir aceite de ricino, tenía que ir cada día a misa a expiar su pecado: ser madre soltera.