El
Tribunal Supremo ha paralizado la causa contra el juez Baltasar Garzón por su investigación de los crímenes
del franquismo hasta que se resuelvan las recusaciones formuladas por Garzón
contra los cinco magistrados de la Sala Penal que admitieron a trámite las querellas
de tres asociaciones ultraderechistas, participaron en la fase de instrucción y
ahora pretenden someterle a juicio.
Los
magistrados han dado tres días al Ministerio Fiscal y a las demás partes
acusadoras, el pseudo
sindicato ultraderechista Manos Limpias y la asociación del mismo tenor, Libertad e Identidad, para que manifiesten si
se adhieren o se oponen a la causa de recusación.
El escrito de recusación de Garzón fue presentado el
pasado 17 de diciembre y los magistrados han tardado un mes en dictar la
providencia para iniciar el trámite. Aunque el texto de la Sala Penal lleva
fecha del día 13, fue notificado a la defensa a última hora de la mañana de
ayer. Con esta nueva dilación, se cumplen ya ocho meses desde que el juez
Varela decretó la apertura del juicio oral contra Garzón.
El abogado de Garzón para la causa de la Memoria
Histórica, Gonzalo Martínez-Fresneda basó la recusación en el principio general
de que quien participa en la instrucción de la causa está inhabilitado para
juzgar ese mismo asunto. Así lo prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial en el
número 11º del art. 219.
Los magistrados recusados son el presidente de la Sala
Penal, Juan Saavedra, el ponente Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco
Monterde y Juan Ramón Berdugo. Estos cinco Magistrados intervinieron en la
instrucción de la causa contra Garzón admitiendo a trámite la primera querella
contra el Juez; realizando diligencias previas de instrucción antes de decidir
la admisión a trámite de la misma; desestimando el recurso contra la anterior
decisión; firmando resoluciones denegando de plano la personación de las
víctimas de los crímenes franquistas y negándose a resolver sus diversas
peticiones, según la defensa.
Además, avalaron la conducta del juez instructor Luciano
Varela consistente en indicar a la acusación popular cómo debía redactar su
escrito de acusación y respaldando que 'Manos Limpias' presentase materialmente
como escrito de acusación el contenido de un auto del juez Varela. También
denegaron las pruebas propuestas por la defensa por considerarlas
"inútiles" y decidieron juzgar a Garzón en contra de la opinión del
fiscal, que pidió hasta en siete ocasiones el archivo de la causa.
Martínez-Fresneda también apreció interés indirecto en el
pleito por parte de los magistrados, que a lo largo de todo el procedimiento
han intentado salvaguardar su propia competencia para ser ellos mismos los que
juzguen al juez Garzón, después de que admitieran las querellas y controlaran
la instrucción.