Sunday, November 07, 2010

Baltasar Garzón reclama "agilizar aún más"

"Hay que evitar el fundamentalismo en la lucha antidroga"Baltasar Garzón reclama "agilizar aún más" la liquidación de los bienes del narcotráfico para que reviertan en las víctimas y en la

ONG'sANTONIO GONZÁLEZ MADRID 07/11/2010 08:00 Actualizado: 07/11/2010 17:54



El juez Baltasar Garzón, en una imagen de archivo.DANI POZOAmpliar imagen Baltasar Garzón (Torres, Jaén, 1955) es el juez más conocido de España, pese a estar actualmente en excedencia, pero además es uno de los magistrados más comprometidos en la lucha contra la droga. Si bien como juez dirigió actuaciones emblemáticas contra el tráfico ilegal de estupefacientes, como las operaciones Nécora, contra el clan de los Oubiña, y Pitón, contra el de los Charlines, en su breve paso por la política, entre 1993 y 1994, también dejó huella.



Entonces, en su calidad de delegado del Plan Nacional sobre Drogas, fue el principal impulsor del fondo de bienes decomisados al narcotráfico, un instrumento que cambió la forma de luchar contra el tráfico de drogas a gran escala. En estos días, cuando el Plan Nacional sobre Drogas cumple su 25º aniversario, Garzón reflexiona sobre cómo abordar este problema, un debate siempre vivo, como ha demostrado recientemente el ex presidente Felipe González al hablar sobre la despenalización.



¿Cómo ha cambiado el abordaje del problema de las drogas en estos 25 años?



El cambio ha sido profundo en muchos sentidos, primero en el área de la concienciación. Desde que se creó el Plan en1985 hasta hoy, la sociedad ha ido integrando al drogodependiente y, de considerarlo como un delincuente, se ha ido hacia la conceptuación de que el problema no viene del que sufre la adicción, sino de las circunstancias que hacen que esa adicción se produzca. En segundo lugar, ha habido un gran avance gracias a que se ha desarrollado una política de Estado. Todos los grupos políticos, comunidades autónomas y organizaciones sociales han sido conscientes de que tenía que hacerse todo en coordinación, y eso ha sido un éxito que ha sido ejemplo en el mundo entero. También se ha evolucionado en la contención de los consumos y la efectividad frente al narcotráfico.



"Hay que combinar prevención y despenalización selectiva"



¿Cuál es hoy el principal problema?



Ahora la falta de visualización del fenómeno, que se traduce en que sólo un 1% de la población española considera el de las drogas un problema digno de atención, puede crear el riesgo de que una percepción muy triunfalista conduzca a un empeoramiento de la situación.



Hemos pasado de la alarma social por la heroína en los años 80 a la invisibilidad de la cocaína...



A eso me refería; el riesgo de pensar que se ha solucionado el problema porque no se vea a simple vista a la víctima en las calles se traduce en un riesgo de relajar las políticas de prevención. Afortunadamente, las ONG que se dedican a combatir el fenómeno son muy conscientes de ello. Lo que pasa es que esa falta de visibilización se traduce también en una falta de aporte económico y de apoyo a esas organizaciones que, pese a ser fundamentales, están pasando por un momento complicado por su financiación. Hay que ser muy conscientes de ello y, sobre todo ahora, darles el apoyo correspondiente.



¿Qué debe pesar más en la balanza, la prevención del consumo de drogas o la represión del tráfico?



"La invisibilidad del problema se traduce en falta de apoyo a las ONG"



En el combate contra las drogas siempre ha habido un aspecto preventivo y educativo que es fundamental, pero también tiene que haber una represión selectiva de las conductas. De hecho, combatir el narcotráfico de forma coordinada y con una dirección única fue uno de los grandes avances de los noventa, y hoy es una realidad. Además resulta básico agilizar aún más la liquidación de los bienes del narcotráfico a fin de que reviertan a favor de víctimas y organizaciones.



Recientemente se ha vuelto a suscitar el debate sobre la despenalización a raíz de unas declaraciones de Felipe González. ¿Cuál es su opinión al respecto?



Es una cuestión muy compleja. Como posición doctrinal o política se puede debatir. Yo me ubico en un nivel intermedio en el que, en primer lugar, no conduce a nada el debate si no tenemos claro lo que se persigue con él. En segundo lugar, el combate contra el crimen organizado, teniendo en cuenta que uno de sus instrumentos más potentes es el narcotráfico, no puede dejarse aislado en ese debate. Por tanto, yo no sé cuál será la solución ideal, pero desde luego la opción que se elija debe ser coordinada y estar dirigida a una consideración selectiva de conductas graves, compatibilizando con programas educativos, prevención y despenalización selectiva.



¿Hay que asumir que el problema de las drogas no desaparecerá nunca?



La cuestión comporta muchos elementos. Si se establece el límite en 15, habrá alguien que encuentre la posibilidad de negociar con el 14, y así sucesivamente. Por tanto, si no se consigue un pacto a nivel mundial, en un sentido diferente al que existe hoy, es muy difícil avanzar en este ámbito. Pero también es cierto que la configuración represiva actual del tráfico de drogas debería ser estudiada y reactualizada para adaptarse a las nuevas situaciones y dejar de lado ya esa especie de fundamentalismo que hay todavía en algunas instituciones.



UNA DEUDA MORAL de 262.832 euros

El Gobierno estudia la reclamación de los hijos de un político fusilado en 1936

José Castilla, 80 años, y su hermana Carmen, 75, no se conforman con la reparación moral o la dignificación de la memoria de su padre. Tampoco quieren nada que no les corresponda. Ni nada que no puedan demostrar que sería suyo por herencia y lógica. Sólo quieren recuperar lo que le fue robado a su familia por el Estado mediante una multa pagada años después de que su padre, Virgilio Castilla, presidente republicano de la Diputación de Granada, fuera fusilado el 2 de agosto de 1936 por los golpistas. Fue un expolio documentado, demostrable, ilegítimo E impune.




"Es de justicia. Fue un enriquecimiento ilícito del Estado que se mantiene hoy", afirma José Castilla, hijo mayor de Virgilio. Tanto José como su abogado, José Miguel Castillo, afirman que su reclamación patrimonial es pionera en España y pretenden que "abra puertas". "Si así no lo conseguimos, iremos a un recurso vía contencioso-administrativo", asegura el abogado.



Sólo son capaces de citar un caso similar, el de la familia de Juan Negrín, presidente de la República entre 1937 y 1939. Sus herederos lograron que en 1995 el Consejo de Ministros, atendiendo a una reclamación ante el Ministerio de Justicia e Interior, aprobase un decreto que obligaba al Estado a abonarles 287 millones de pesetas como compensación. El decreto pretendía resarcir a la familia por los "daños y perjuicios" por la "incautación y administración judicial de los bienes integrantes de la herencia de don Juan Negrín Cabrera [padre del político] por aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939".



La Ley de Memoria Histórica obvió la cuestiónEs decir, el Gobierno dio la razón a Juan Negrín Fidelman, hijo del político, que reclamaba compensación por los daños causados al patrimonio familiar por las medidas tomadas por el Estado franquista en virtud de la ley del 39. Algo similar a lo que quieren los Castilla. ¿Por qué Negrín si y Castilla no?, se preguntan los herederos de este. Es más: ¿por qué los partidos y los sindicatos sí y los particulares no? Las organizaciones políticas y sindicales arreglaron con el Estado, llegada la democracia, la devolución de lo que les fue incautado. Pero nada se ha hecho para resarcir a los 200.000 particulares afectados por la represión económica, sobre todo entre 1939 y 1945. La Ley de Memoria Histórica obvió la cuestión.



Virgilio fue condenado a muerte el 1 de agosto de 1936 por un consejo de guerra que lo declaró culpable de los delitos de rebelión militar, provocación, inducción e instigación a la rebelión e insultos a la fuerza armada. El fallo lo consideraba parte de "un amplio movimiento subversivo para implantar en Granada las doctrinas ruso-marxistas". Fue fusilado al día siguiente en la tapia del cementerio de San José. Su expediente pasó a un Tribunal de Responsabilidades Políticas, que declaró la incautación de sus bienes como garantía del pago de una multa de 250.000 pesetas. Para afrontarla, los Castilla (entonces una viuda con tres hijos, el mayor de ellos José) tuvieron que disolver la sociedad familiar, Luis y Virgilio Castilla Confecciones SL.



"Las fuerzas enviadas por el juez tomaron militarmente mi casa y embargaron todo lo que había allí como garantía de pago: frigorífico, muebles... ", explica José. Luego, tras pagar la multa, se mantuvieron a flote gracias a la ayuda del padre de la viuda, un comerciante próspero.



Respuesta oficial

¿Tiene el Estado aquí una responsabilidad patrimonial? José y Carmen creen que sí. Tras la aprobación de la Ley de Memoria, se dirigieron al Ministerio de Justicia pidiendo un reconocimiento moral. Ahí, sin dinero en juego, lo tuvieron fácil. El 17 de julio de 2009, Justicia envió una carta que señalaba que Virgilio padeció persecución y violencia por razones políticas e ideológicas, "siendo ejecutado [...] en virtud de la sentencia dictada, sin las debidas garantías, por el ilegítimo" consejo de guerra. El ministerio expedía "una declaración de reparación y reconocimiento personal".



Con ese documento acudieron José y Carmen Castilla al Ministerio de Presidencia el 21 de octubre de este año, reclamando 262.832 euros. Según una pericia del catedrático de Economía Rafael Moreno, es la cantidad equiparable hoy a las 250.000 pesetas. Sólo ocho días después, el 29 de octubre, Presidencia respondió que el escrito ha sido ya trasladado "al Ministerio de Economía y Hacienda[...] para su conocimiento y efectos oportunos".



El fallo lo consideraba parte de "un amplio movimiento subversivo para implantar en Granada las doctrinas ruso-marxistas"Ya hay precedentes aislados que se han topado con negativas de Hacienda. "No se contempla la devolución de bienes a los particulares", fue la respuesta que recibió Paqui, vecina de un pueblo de Sevilla que prefiere no dar publicidad a su caso.



Hasta ahora la iniciativa de reparación económica más organizada es la Asociación de Perjudicados por la Incautación Franquista, que desde Catalunya ha reunido a 2.000 afectados. La asociación se encarga del dinero incautado en virtud de un decreto de 1938 del Ministerio de Hacienda del Gobierno golpista, con sede en Burgos, que prohibía tener papel moneda puesto en circulación por la República. Ciudadanos de toda España acudieron a depositar dinero en el Banco de España. Pese al compromiso del régimen de devolverlo, miles de personas nunca lo recuperaron.