El Valle de los Caídos

El Valle de los Caídos recordará a los asesinados por la dictadura franquista. El ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, anunció ayer en el Senado la transformación del emplazamiento donde están enterrados los golpistas Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera en un "centro de memoria de la verdad, no un lugar de sectarismo". El ministro avanzó además que la basílica, cerrada por obras desde hace un año, se reabrirá al culto el próximo domingo 19 de diciembre.




El plan para convertir Cuelgamuros en un centro de memoria que suponga un "abrazo de reconciliación" todavía no ha sido consensuado con la beligerante abadía benedictina que gestiona gran parte del poder del recinto sin modificaciones normativas desde 1957. El Gobierno deberá negociar qué hacer con los restos de los dirigentes fascistas así como con los de los 35.000 enterrados allí entre los que se encuentran republicanos cuyas familias desconocen su paradero. Los senadores socialistas anunciaron su apoyo a la retirada de "la simbología" la bóveda sobre el altar representa una apología de Falange.



El ministro anunció un "centro de la memoria de la verdad"



El artículo 16 de la Ley de la Memoria tan sólo impide los actos de "exaltación de la dictadura" y otorga al lugar la misma consideración jurídica que una iglesia o un cementerio. Jáuregui anunció el acuerdo con el abad Anselmo Álvarez para reabrir al culto gracias a la construcción de un nuevo pasadizo hacia la basílica. Los monjes han celebrado a modo de protesta la misa conventual a la entrada del recinto durante los domingos cercanos al 20-N. "En los próximos días se instalará un túnel similar al de los fingers de los aviones" para que los visitantes no entren bajo la escultura de La Piedad cuyos enormes trozos de granito corren peligro de derrumbe. La escultura de Juan de Ávalos será protegida con un malla. La obra ha tenido un coste público total de 100.000 euros.



El grupo del PP en el Senado había solicitado la comparecencia del ministro para que explicara el destino de las subvenciones que el Gobierno otorga a proyectos relacionados con la memoria histórica. El senador conservador Joan Huguet señaló el apoyo del PP a las exhumaciones: "No nos consideramos herederos de esa barbarie. Merecen una digna sepultura". Jáuregui agradeció el apoyo y le pidió coherencia para cuando intenten hacer del Valle de los Caídos un centro de memoria.



El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, recordó que "la obligación de encontrar a los desaparecidos es del Gobierno, no de los familiares" .

Familias de los presos muertos en Chile demandan al Estado

Los acusan de negligencia, por el hacinamiento de los presos y por el escaso número de guardasSOLEDAD PINO 09/12/2010 23:00
Familiares de las víctimas, en Santiago. - REUTERSNoticias relacionadasEl incendio de una cárcel en Chile causa 81 muertosLos familiares de los 81 presos que murieron en el incendio de la cárcel de San Miguel, ocurrido en la madrugada del miércoles, han comenzado a tomar acciones legales contra el Estado chileno.



Hoy se interpuso la primera querella en contra del Estado chileno. Lo hizo la madre de una de las víctimas mortales, Diego Portugués, de 22 años, que cumplía cinco años de condena por homicidio calificado. Por ser primerizo y tener buena conducta, dentro de dos meses salía en libertad.



Otros familiares estudian querellas similares contra la Gendarmería (guardia de prisiones) y el Estado de Chile. Los acusan de negligencia, tanto por el hacinamiento en que mantenían la prisión donde ocurrieron los hechos como por el escaso número de guardas que custodiaban el penal cuando se declaró el incendio.



La causa del fuego en la torre 5 ya ha sido determinada. Fue una riña entre presos, según las investigaciones de la fiscalía. Un interno estuvo amenazando a otro que dormía en un sector de privilegiados (habilitada para reos primerizos y de buena conducta). A través de la reja que los separaba, el reo intentó alcanzar a quien le amenazaba con un lanzallamas artesanal que había fabricado con una bombona de butano, una manguera y un mechero. Pero el fuego alcanzó una colchoneta y, asustado, el preso tiró la bombona al suelo y la manguera comenzó a lanzar fuego en distintas direcciones.



De las 149 personas que había en ese sector del penal, 81 murieron. De momento sólo han sido identificados 31 cadáveres. Las autoridades han pedido a los familiares que entreguen muestras de sangre al Servicio Médico Legal para agilizar las tareas de reconocimiento.

La sobrina de Miguel Hernández, Rosa Moreno

    Avila digital



Fecha publicación: 09/12/2010




La sobrina de Miguel Hernández, Rosa Moreno, en la presentación de ‘El Cobaya’



“A Miguel hay que leerle y dejarse de cosas que no eran él”



Pablo Garcinuño





La sobrina de Miguel Hernández (segunda por la derecha) sujeta el cuadro de Miguel Elías

La sobrina de Miguel Hernández, Rosa Moreno Hernández, espera que la celebración del centenario del nacimiento del poeta haya servido para fomentar la lectura de su obra, ya que “a Miguel, como a cualquier escritor, lo que hay que hacer es leerle y dejarse de cosas que no eran él”.



En este sentido, recuerda que el escritor de Orihuela (Alicante) tenia 25 años cuando comenzó el golpe de Estado y no llegaba a los 31 años cuando murió. En opinión de su sobrina, la gente tiene una “imagen maravillosa” de él porque era “de no creérselo como poeta y de no creérselo como persona”. “Y a quien más llega es a los jóvenes”, añade.



Y deja claro que, aunque algunos han llegado a decir que Miguel Hernández era falangista, el poeta era “mil por cien de izquierdas”, aunque “no se lo tiene que adjudicar nadie” porque no tenía el carné de ningún partido.



De los actos celebrados en 2010 con motivo del centenario de su nacimiento, Rosa Moreno asegura que lo que más le ha gustado fueron las ‘Doce horas con Miguel Hernández’ que organizó el Instituto Cervantes. “Lo que menos lo dejaremos a parte”, ha añadido, afirmando que la fundación que lleva el nombre del poeta “está en manos de gente que no... que no...”, sin añadir nada más claro.



El Cobaya

La presencia de la sobrina de Miguel Hernández en Ávila se debe a la presentación del número 19 de la revista ‘El Cobaya’, dedicada al escritor alicantino. El acto, celebrado en la tarde del jueves en el Auditorio de San Francisco, ha servido de clausura al ciclo de conferencias que ha organizado el Ayuntamiento de Ávila con motivo del centenario.



En la publicación dirigida por José María Muñoz Quirós, varios poetas y conocedores de la obra de Miguel Hernández “recuerdan y homenajean la significación de un hombre que fue testigo de un tiempo y de unas circunstancias difíciles para la creación y la vida”.



El alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto, ha elogiada la figura del escritor. “Su poesía le fluía sola”, ha dicho el regidor, quien destaca los “deliciosos poemas que escribió” este artista. Además, cree que el último número de ‘El Cobaya es “uno de los mejores que se ha editado”.



La revista cuenta con las ilustraciones del pintor alicantino Miguel Elías, profesor de la Universidad de Salamanca. Éste artista ha donado un cuadro a la ciudad de Ávila para recordar el centenario que ahora termina.

LA TRAMA GURTEL

La trama Gürtel    El cerco del Supremo a Garzón torpedea el caso    Los imputados de 'Gürtel' fuerzan la máquina para lograr la nulidad procesalA. G. MADRID 09/12/2010 06:00




Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel'.EFENoticias relacionadasEEUU investiga a la 'trama Gürtel' por blanqueoDinero ilegal captado en España y oculto en el exteriorDesde que el juez del Tribunal Supremo Jorge Alberto Barreiro dictó el 19 de octubre el auto por el que coloca a Baltasar Garzón a un paso del banquillo, las partes implicadas en la investigación del caso Gürtel tienen un motivo más para la zozobra. Decidido a juzgar a Garzón por prevaricación, Barreiro se ha convertido en el faro que ilumina a quienes buscan la nulidad de la instrucción so pretexto de las escuchas policiales a los presos de la trama y sus abogados. Y quienes buscan esa nulidad son aquellos que se arriesgan a penas de cárcel y a la devolución de cantidades millonarias si el caso llega a juicio.



Los informes policiales cifran ya en 27 millones las comisiones ilegales captadas por la red. Y en 12 la suma de los sobornos pagados. En otras palabras, describen el mayor caso de corrupción política destapado en España en las últimas décadas. Pero todo lo anterior resulta secundario: el Supremo considera que Garzón vulneró las garantías constitucionales de Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez.



El auto de Barreiro hace que planee de nuevo la sombra del 'caso Naseiro'

Y esa certeza evoca el fantasma del caso Naseiro, donde otra anulación de escuchas, igualmente dictada por el Supremo, libró a los dirigentes del PP implicados entonces. El confuso magma legislativo que regula las escuchas policiales ha permitido que Barreiro imponga la tesis de que Garzón adoptó una decisión injusta a sabiendas de que lo era. La tesis contraria, la de que actuó al amparo del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, también era posible. Pero Barreiro no consideró oportuno suscribirla. Y ya le ha pedido a Pedreira que le envíe todas las conversaciones grabadas en prisión, incluidas las que quedaron excluidas del sumario porque poseían un carácter privado o porque en ellas abordaban presos y abogados su estrategia de defensa.



Que el auto de Barreiro constituye una piedra angular para las defensas de los imputados lo demuestra la inmediata recusación formulada por el abogado de Francisco Correa contra el actual instructor del sumario, el juez del Tribunal Superior de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira. Hasta ahora, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM ha avalado las decisiones de Pedreira.



Pero el abogado de Correa, José Antonio Choclán, ha subrayado con habilidad los paralelismos entre las escuchas ordenadas por Garzón y la prórroga de esas mismas escuchas decretada por Pedreira. Si Choclán lograse su objetivo, hipótesis no descartable, la causa quedaría en manos de un nuevo juez; de un recién llegado obligado a partir desde cero en el conocimiento de un sumario mastodóntico y donde quedan piezas clave por encajar: por ejemplo, las comisiones rogatorias que, una y otra vez, ha ido cursando España a una decena de países. Para la imagen internacional de España, sería deshonroso dejar morir por consunción un caso de tal envergadura.



Su contenido ha dado alas a Correa, que intenta ahora librarse de Pedreira

Los plazos corren

Ralentizar el sumario con la irrupción de un magistrado ajeno a sus entresijos tendría, ahora sí, un efecto perverso. Porque si la instrucción no se cierra antes de que, en la próxima primavera, se disuelva la Asamblea de Madrid, el caso acabará con toda probabilidad en algún cajón de la Audiencia Provincial de Madrid. Y ello por un motivo básico: salvo terremoto o milagro, el PP no volverá a colocar en sus listas a los tres diputados de la Asamblea imputados en la causa y a quienes hoy sólo puede investigar el Tribunal Superior de Madrid. En cuanto los tres Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Bejamín Martín Vasco pierdan la condición de aforados, Pedreira perderá la jurisdicción sobre ellos, a menos que antes haya dictado la apertura de juicio.