EL VALLE DE LOS CAIDOS Y LOS DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD.

Hoy, este "infausto" de Aldeaseca  pasa de Fernando Magan

El día 6 de Noviembre de 2008 se conocía públicamente que desde el Juzgado de Garzón se había ordenado la exhumación de ocho víctimas del franquismo enterradas en la cripta del Valle de los Caídos, que habían sido llevadas hasta aquí de forma arbitraria, sin conocimiento alguno por parte de las familias y con motivo de la inauguración de este mausoleo, en el año 1958. Se realizaba este traslado desde un pozo, esto es, desde una fosa común, también clandestina, donde los restos mortales se hallaban ilocalizables desde Agosto de 1936, en la localidad abulense de Aldeaseca. Toda una realidad que no comenzó a conocerse hasta el verano de 2003, con motivo de una concienzuda búsqueda por parte de los familiares. A las 9 de la mañana del día siguiente, 7 de Noviembre de 2008, el fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, mediante simple escrito y escueto contenido, daba pronta cuenta de esa diligencia judicial a su Sala Penal, que se reunió en el mismo día y de forma plenaria, ordenando suspender todas las vistas y actuaciones previstas para el día y procedía a ordenar, por mayoría y sin trámite de recurso, la paralización de esta exhumación y de todas. Es difícil poder comprender que oscuro y profundo trasunto institucional contendría la práctica exhumatoria de esta disposición judicial, una simple devolución de unos cuerpos que el propio Patronato de la Basílica había informado en Febrero de 2004 del lugar de inhumación, del columbario y su número de orden, para que la propia justicia actuara de forma tan excepcional y creara un innecesario momento de alarma social. Sobre mismo tema y hoy, se conoce a través de la revista Interviú que forenses al servicio del Ministerio de Presidencia habrían abierto varias de las criptas donde se encuentran un altísimo e indeterminado número de restos humanos. Y lo estarían haciendo, al parecer, pues no se dan otras razones, para recuperar los cuerpos que Garzón había ordenado exhumar; pero, además, resulta altamente llamativo que se haga actuando en contra de las propias manifestaciones del Gobierno hace breves fechas, en las que negaba rotundamente la posibilidad de abrir criptas. Si de lo que se nos informa en prensa constituyera una realidad, de hecho y de Derecho, vendríamos a encontrarnos ante una situación difícilmente imaginable incluso desde la ficción, que un Estado, antes dictatorial y ahora democrático, estuviera inhumando y exhumando unos mismos cuerpos, de modo clandestino, una y otra vez. Pero no sería lo único a señalar sobre el tema, pues cabe añadirle al menos dos cosas más. Una, que el caso en cuestión fue inhibido al Juzgado de S. Lorenzo de El Escorial y éste entendió que se trataba de un delito de grandes dimensiones, cuyo conocimiento no le correspondía, por tanto, ahora mismo se encuentra ante el Tribunal Supremo, todavía pendiente de resolverse, en consecuencia, sin posibilidad de ninguna actuación hasta tanto no decida; la segunda, que en el mausoleo existen miles de víctimas republicanas, sin identificar, continuan estando desaparecidas, lo que siguiendo solo sea al juzgado de El Escorial constituye un delito contra la Humanidad, del cual podría conocerse también en otras partes del mundo, como por ejemplo, ante la justicia argentina, donde ya existe causa por hechos relacionados. Fernando Magán es el abogado que tramitó la petición judicial de exhumación

 

 

 

 

 

FERNANDO MAGÁN

La pena de muerte, una arbitrariedad medieval que también nos marca

Última actualización 10/10/2010@17:44:06 GMT+1

España tiene un pasado inmediato que, en "tiempos de paz", ha dispuesto y ejecutado el mayor número concebible de condenas a muerte, cualquiera que sea la clase de país con el que establezcamos una comparación. Todo ello se hizo además de la forma más inaudita, la de una "justicia al revés".

NUEVATRIBUNA.ES - 9.10.2010

No dejo de percibir lo que desde la oficialidad no deja de ser un instrumento para la hiprocesía política: se denuncian condenas a la pena de muerte en estados débiles y a veces a debilitar, los musulmanes, africanos, etc., al tiempo que se pasan por alto, incluso se ignoran, las penas de muerte que se dictan y ejecutan en estados poderosos como puedan ser, por ejemplo, China o incluso EEUU.

Pero las personas hemos de reivindicar los derechos de las personas y, en primer lugar y por encima de todos los derechos, el derecho a la vida, que es al mismo tiempo un básico deber ciudadano. Defender la vida de cualquier persona y en cualquier lugar. De nada sirve el resto de reivindicaciones si no hacemos del derecho a la vida un claro eje central de todas las demandas.

Que las condenas a muerte sean dictadas por tribunales no quiere decir que estén amparadas en el Derecho, pues no dejarán de ser siempre un acto injusto y despótico, que en esencia representa la propia negación de la democracia. Cualquiera que sea el ordenamiento que ampare la condena, ésta siempre iría contra la Carta Universal, la norma básica en la que hoy la Humanidad intenta reconocerse.

De cara a la ciudadanía española, es decir, mirando directamente a España, no podemos profundizar en este derecho y en el resto de nuestros derechos si lo desvinculamos de las muchas ejecuciones que todavía hoy nos marcan y, sobre todo, que han dejado su impronta en muchas familias españolas. No nos puede bastar con contemplar que nuestro actual sistema constitucional ha abolido la posibilidad de la pena capital y que, como consecuencia, sólo nos veamos obligados a dirigir la mirada hacia otros lugares del mundo.

España tiene un pasado inmediato que, en "tiempos de paz", ha dispuesto y ejecutado el mayor número concebible de condenas a muerte, cualquiera que sea la clase de país con el que establezcamos una comparación. Todo ello se hizo además de la forma más inaudita, la de una "justicia al revés", ya que nos hallamos en la paradoja de que quienes sufrieron esas condenas lo hicieron, en el fondo, por haber cumplido con un deber, el democrático, el deber de fidelidad y acatamiento a la legalidad constitucional, la vigente y democrática en aquél momento.

Esta situación debe hacernos no sólo reflexionar sobre la situación padecida, sino que también debe inducirnos a mantener firmes convicciones y determinaciones respecto a un régimen que llevó a una sociedad a la negación de la convivencia, que llegó a celebrar juicios militares sin ninguna garantía hasta el final de sus días, con cinco condenas ejecutadas, con unas largas consecuencias que permanecen después de la muerte de quien encarnaba el sistema. Y el resultado final ha sido que en más de treinta años de democracia no ha existido una inequívoca condena ni del general Franco ni de su régimen. Esta es una deuda de nuestras instituciones democráticas para con quienes de forma injustamene cruel perdieron la vida y también para con quienes están reclamando debida y necesaria reparación.

Fernando Magán - Abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)