Sunday, October 17, 2010
LA GRAN FOSA
La fosa de las fosas
Memoria histórica. Décimo aniversario de la primera exhumación de un grupo de republicanos fusilados en la Guerra Civil efectuada con métodos forenses
Los familiares de Emilio Silva Faba colocan su foto en el nicho del cementerio en 2000.
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"Exhumando fosas hemos encontrado dignidades"
Octubre de 2000. España cumplía 25 años sin Franco o "de paz", como algunos prefirieron decir para citar la efeméride. En las televisiones, los documentales y reportajes ensalzaban por enésima vez el papel del rey en la recuperación de la democracia, el 23-F y demás acontecimientos de la memoria reciente. Ni una mención a que esa elogiada Transición había dejado a miles de demócratas humillados en cunetas, pozos y tapias de cementerio. Quedaron enterrados. Ni siquiera a la espera de un tiempo propicio para su recuerdo. Olvidados para siempre. Eran "los desaparecidos", como escribió el 8 de octubre de 2000 el nieto del primer republicano fusilado cuyo cuerpo fue identificado de una fosa con métodos genéticos, Emilio Silva, en La Crónica de León.
Ese calificativo utilizado para hablar de las víctimas del franquismo "desaparecidos", tan repetido en los últimos diez años, era inédito. "Pensé que me podría servir para contactar con los familiares de los enterrados junto a mi abuelo. Conscientemente utilicé el referente de los desaparecidos argentinos o chilenos", reconoce el nieto del comerciante Emilio Silva Faba, víctima de un asesinato político el 16 de octubre de 1936. La conexión mediática fue total, pero se notaría años después al hilo del debate parlamentario. Las primeras crónicas sobre las exhumaciones en los diarios estatales no aparecieron hasta 2002.
"Quedan por detectar cientos de tumbas similares", advirtió Vázquez Montalbán
Respecto al paso histórico que estaba dando Emilio Silva, tan sólo aparecieron artículos sueltos como el del escritor Manuel Vázquez Montalbán en Interviú el 11 de diciembre de 2000. "Quedan por detectar cientos de fosas similares [como la de Emilio Silva] donde están los restos de los desaparecidos acusados por el franquismo, desaparecidos para siempre de prosperar el pacto tácito establecido durante la Transición de que demócratas y franquistas no se tiraran la memoria histórica a la cabeza. Tal vez el censo de desaparecidos y el descubrimiento de estas fosas comunes convenza a los jóvenes militantes en su ignorancia histórica, cada vez que hablan del franquismo y de la Guerra Civil como si no fuera con ellos (...). Y es que Franco, mis querido cachorros, fue el padre espiritual de Pinochet, por si este dato os ayuda a situarlo éticamente".
Referencia de Chile
La referencia a Chile de Montalbán, militante antifranquista, guardaba toda la intención en ese momento. Dos años antes, también un 16 de octubre, España saltaba a la escena internacional como ejemplo de funcionamiento del Estado de derecho después de que Baltasar Garzón dictara una orden de detención contra Augusto Pinochet. "En este país no se hablaba de fosas. No existían. Ni siquiera se debatía sobre la búsqueda de Lorca. Era un asunto que no estaba en la calle", recuerda Emilio Silva. Otro 16 de octubre, esta vez en 2008, el proceso abierto por la exhumación del abuelo de Silva junto a otros 12 fusilados en Priaranza del Bierzo (León) ocho años antes desembocó en otra orden del mismo juez. El magistrado se declaró competente por primera vez en España para investigar los crímenes del franquismo.
"En 2000 recibimos muchas cartas. España era una gran fosa común", apunta Silva
"En los últimos meses de 2000 recibimos muchas cartas y llamadas de teléfono. Cientos de personas esperaban la oportunidad de poder recuperar los restos de sus familiares. En ese momento, no nos quedó la más mínima duda: España era una gran fosa común", relata Silva. Esas cartas y llamadas hablaban de crímenes similares al que llevó al abuelo de Emilio a un agujero junto a un nogal a 30 kilómetros de su pueblo.
Emilio Silva Faba nació en 1894 en Pereje (León). Con 21 años emigró a Argentina y después a Nueva York hasta que, en 1925, decidió volver a su pueblo natal para montar un negocio de ultramarinos que instaló en Villafranca del Bierzo (León). "Era un hombre autodidacta, pero ciertamente ilustrado. Había viajado y eso le suscitaría ciertas inquietudes que le llevaron a afiliarse a Izquierda Republicana en 1932, el partido de Manuel Azaña", explica su nieto.
Silva Faba, como tantos otros republicanos, creía que la educación era la asignatura pendiente en España hacia el progreso. Prueba de ello es una foto familiar de una gran manifestación en Villafranca en la que aparece uno de sus hijos, de "8 o 9 años", con una pancarta que reclama: "Queremos un grupo escolar. ¡Viva Azaña!"
"No se hablaba del tema. No existía ni siquiera la de Lorca", señala el nieto del fusilado
El compromiso de Silva Faba le llevó a tener un debate mediático en la prensa local con Antonio Carvajal y Álvarez de Toledo, uno de lo hombres más ricos y poderosos de la zona. El intercambio de artículos sobre la igualdad social en la Parroquial Berciana, en 1932, fue determinante para que, pocos meses después del 18 de julio de 1936, Emilio Silva Faba acabase en la lista falangista de personas a eliminar. "El descubrimiento de la carta se convirtió en la experiencia que más cerca me ha permitido estar de mi abuelo republicano. Dicen que ese enfrentamiento fue determinante, pero su muerte era inevitable por la dinámica represiva de los sublevados", reflexiona Silva.
Los asesinos dejaron una viuda y seis huérfanos. Tres de ellos pudieron recuperar, 60 años después, los restos de su padre y enterrarlo en el cementerio. En el lugar que para él había reservado su viuda, Modesta Santín. Los tres hermanos observaban incrédulos los restos de los 13 de Priaranza. Ajenos al hecho histórico que acababan de protagonizar. Pese a que a finales de la década de 1970 e incluso en los ochenta se habían organizado exhumaciones casi clandestinas en pueblos de Navarra o La Rioja, la exhumación de su padre había puesto en la agenda social algo imparable.
40 años de silencio
Emilio Silva Faba se afilió en 1932 a Izquierda Republicana, el partido de Azaña
Entre las decenas de espectadores que acudieron a la excavación estaba el periodista Carlos Elordi, que acudió al Bierzo por "inquietud personal y profesional". "Apenas sabía a qué iba, pero me encontré allí con un espectáculo extraordinario. Estábamos cerca de 15 o 20 personas buscando el lugar exacto de la excavación. Hacía mucho frío y en realidad el asunto resultaba aburrido, pero me fijé en dos personas mayores que discutían sobre el lugar exacto donde fueron enterrados los restos. Recuerdo que uno de ellos decía: Tú los viste aquí cuando pasaste con la bicicleta. Me acuerdo que yo iba a por leche...'. Detallaban cada recuerdo del suceso y les pregunté cuántas veces habían hablado de ello. Me dijeron que llevaban 40 años sin comentar nada", recuerda el periodista.
El silencio impactante guardado durante cuatro décadas por los vecinos de Priaranza se rompió al remover la tierra. "Cuando hicimos aquella exhumación pensamos que podría haber una, dos o tres fosas más como mucho y que el asunto se acabaría. En ningún momento pensamos que se acabaría hablando de ello en la ONU, en el Parlamento y todo lo que ha sucedido", recuerda el médico forense de la Universidad del País Vasco Francisco Etxeberria. "La explicación pasa por la intimidad con la que las familias han vivido el dolor. Igual que esos dos vecinos llevaban décadas sin hablarlo, las familias de los fusilados tampoco lo hablaban entre ellas. Por eso no había en 2000 una conciencia de los cientos de fosas comunes que estaban todavía intactas. Los historiadores dicen que ya habían escrito de ello, pero era para su consumo interno. Vivíamos en la ignorancia", analiza este experto que en la última década ha colaborado en la recuperación de la identidad de cientos de fusilados.
La identificación de los 13 de Priaranza no saltó enseguida al debate parlamentario. "El debate empezó cuando el PP, que estaba en el poder, tomó posición y el PSOE se vio obligado a dar una respuesta. Nadie esperaba la posición en contra de las exhumaciones que tomó el PP y los socialistas tuvieron miedo", analiza Elordi. "Después, [José Luis Rodríguez] Zapatero lo incluyó en su programa electoral en un momento en el que la derecha estaba muy movilizada y el debate desembocó en una ley que al final no ha servido para nada. El PSOE no se preocupó durante 14 años en el poder de este asunto y cuando lo descubrió no supo qué hacer con él", concluye el periodista.
"Creíamos que habría una, dos o tres fosas más", señala el forense Francisco Etxeberria
Más de 1.500 cuerpos
La primera exhumación con métodos forenses dio lugar a la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que fundó el propio Emilio Silva junto con un joven investigador de León que llevaba años detrás del asunto, Santiago Macías. Desde entonces han recuperado más de 1.500 cuerpos de cerca de 150 fosas comunes viviendo situaciones tensas "que cada vez son más infrecuentes", según Macías. "El último suceso desagradable lo tuvimos el pasado verano cuando el párroco de San Mamede do Río, en Portomarín (Lugo), se negó a dar los permisos para entrar en el cementerio. Parece que la Iglesia no evoluciona", ejemplifica.
El reconocimiento a la labor de esta asociación que ha contribuido a cerrar las heridas de cientos de familias no ha llegado en España. Desde un punto de vista internacional, la percepción ha sido otra. "Es el proceso más fascinante que vive actualmente la democracia en España", señala el corresponsal del Berliner Zeitung, Martin Dams, que también acudió a la fosa de Priaranza en octubre de 2000. "Recuerdo que me sorprendió mucho el asunto porque cinco años antes había entrevistado al historiador Santos Juliá, que me negó el pacto del olvido de la Transición y me aseguró que la culpa de que no se hablara de las fosas en España era de la izquierda, que no quería recordar sus crímenes, como el del trotskista Andreu Nin".
"Como alemán, percibo que España es vista ahora como un país que tiene dificultades para mirar a su pasado y ha sido la ARMH la que más ha contribuido a acabar con ese defecto. De hecho, el día que el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia sea recibido por Emilio Silva será cuando España haya cerrado sus heridas", concluye.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Arehemisa) ha presentado los resultados de la primera fase de las exhumaciones que ha desarrollado entre mayo y septiembre.
Su presidente, Rafael Espino, explicó las diferentes fases de los trabajos en las que han sido fundamentales el libro de registro del cementerio, los minuciosos estudios de planimetría que se han realizado para tratar de reconstruir la distribución que este lugar tenía en 1936 y los testimonios orales aportados por algunas personas, especialmente por Manuela Molina que, desde una casa ubicada en un cerro cercano, presenció la ejecución y enterramiento de numerosos represaliados. Según dijo "durante esta primera fase han sido extraídos 55 cuerpos, de los que cinco ya han sido identificados con las pruebas de ADN".
Los 51 cuerpos restantes y 84 familias están a la espera de los resultados de las pruebas realizadas. De los cuerpos extraídos, 47 pertenecen a varones adultos, 7 a mujeres y 1 a un niño. La recuperación de cada cuerpo ha supuesto un coste de 890 euros y la identificación con ADN unos 240 euros, gastos que se están asumiendo con la subvención de 49.000 euros concedida por el Ministerio de la Presidencia.
En la primavera del 2011 empezará la segunda fase, abriendo las dos grandes fosas de la explanada del fondo del cementerio, donde se esperan encontrar entre 80 y 100 cuerpos, posiblemente mezclados con los enterramientos de caridad o beneficencia. Esta fase concluirá con la creación en este lugar de un parque y una sala permanente dedicados a la memoria histórica.
La arqueóloga Virginia Barea explicó el complicado proceso de excavación y sus dificultades técnicas. Por su parte, Jorge Cepillo explicó la labor del antropólogo forense, cuyo principal objetivo ha sido determinar la causa de las muertes, recabando todos los datos posibles para su posterior identificación. En este sentido han sido muy importantes todos los objetos, personales o no, encontrados junto a los cuerpos como balas, peines, relojes, mecheros, carteras, etcétera. La mayoría de los cuerpos presentaban síntomas evidentes de violencia, encontrándose maniatados, agujeros de bala en el cráneo o en el pecho o con síntomas de haber sido asesinados, quemados y, después, trasladados en sacos hasta la fosa. Según dijo "las pruebas balísticas encontradas ponen de relieve que en los asesinatos no sólo intervinieron la Guardia Civil, militares y Falangistas, sino particulares que tenían armas sofisticadas como fusiles Winchester o pistolas Laucher".
Según Rafael Espino "el objetivo final que se persigue es aportar todas estas pruebas y las más de 10.000 fotografías realizadas para que algún tribunal nacional o internacional reconozca estos crímenes de lesa humanidad y pueda hacerse justicia".
Friday, October 15, 2010
Miguel Hernández, el poeta del pueblo
REPORTAJE: Exposición en torno a un mito literario
Últimos escritos del poeta incesante
La Biblioteca Nacional rinde tributo a Miguel Hernández a los 100 años de su nacimiento
JUAN CRUZ - Madrid - 05/10/2010
Miguel Hernández, el poeta del pueblo. El poeta necesario, que decía su compañero de cárcel, Buero Vallejo. El poeta pastor.
En Madrid no faltó quien acogió al poeta con desdén: como García Lorca Por el contrario, fue amigo de Neruda, Aleixandre, Cossío y Bergamín
Salen a la luz sus cuentos inéditos, escritos en prisión en papel higiénico Las 200 piezas de la muestra incluyen manuscritos, dibujos, cartas y fotografías
Hasta principios de los años 60 no se podía publicar sus obras ni hablar de él La familia ha pedido la revisión del proceso sumarísimo que le infligió Franco
Era todo eso. Pero era, sobre todo, el poeta incesante; su vida, que la guerra truncó dramáticamente, estuvo signada por el amor, la amistad y los papeles. Ni un día sin línea.
Quienes vean ahora en la Biblioteca Nacional la exposición que marca su centenario, y que se abrió ayer, entenderán que Miguel Hernández no era solo un poeta intuitivo, un ser humano pendiente de la inspiración: estudiaba, leía. Era como una esponja. José Carlos Rovira, catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Alicante, ha preparado esta exposición, que organiza la Secretaría de Estado de Conmemoraciones Culturales (SECC) con la Biblioteca Nacional, como un homenaje y como una reivindicación.
Hernández no era el pastor menesteroso, el poeta que venía a Madrid a buscar auxilio para sus versos. Estudió a Góngora, estuvo atento a la pintura de su tiempo; frecuentó a Benjamín Palencia, aprendió de Maruja Mallo. En 1934, cuando tenía 24 años y estaba en Madrid, llevaba en su carpeta, copiados, 60 poemas de Cántico, el libro que puso a Jorge Guillén en la vanguardia. Ahí subraya Hernández "motivos de su propio mundo pastoril". Hacía mímesis, dice Rovira, pero no copiaba, recreaba a partir de esas influencias. Era, por decirlo así, "una mímesis transformadora", capaz de leer a Neruda y a Aleixandre, sus amigos, "y escribir luego sin que transpiren en esos versos los recuerdos de sus modelos".
Rovira ha preparado esta exposición con tal entusiasmo que ayer, antes de que las autoridades (la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega; la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde) hicieran de la ocasión una solemnidad que tenía más fotógrafos que la muestra misma, contó al trote la vida y la obra del poeta como si estuviéramos asistiendo minuto a minuto a esa biografía simbólica del dolor de España.
Así entramos en la época de formación (la que González-Sinde llamó ayer "tiempo de esperanza"), a partir de la contemplación de Rubén Darío o Góngora, que tan decisivos fueron en la formación del poeta. Dice Rovira que, en ese proceso de mímesis a que sometió el poeta su aprendizaje, leía y repetía a Rubén Darío como si fueran los del nicaragüense versos que él mismo hubiera escrito; y sin embargo, leída su escritura, no tuvieron nada que ver.
Desde ese periodo esperanzado Hernández pasó, casi sin solución de continuidad, a la época en que le reciben, unos mejor que otros, en Madrid. García Lorca le acogió con desdén, quizá porque unos y otros se lo presentaban como un poeta capaz de escribir tiras de versos con tanta facilidad como la suya. Pero aquí acendró las amistades que dejó en Orihuela ("su pueblo y el mío": como Ramón Sijé) tanto como las que encontró en la capital. "Y fue un amigo sincero, verdadero, en él no había falsificación"; supieron de esa amistad Pablo Neruda y Vicente Aleixandre, y se la devolvieron con igual hondura; como José María de Cossío, o como José Bergamín. Hasta Juan Ramón Jiménez, "que ponía verde a todo el mundo", habló bien de Miguel, de sus versos, a pesar de que el poeta de Orihuela puso por las nubes (en el diario El Sol) Residencia en la tierra.
La guerra lo puso todo patas arriba; el compromiso de Miguel no era reflejo de la propaganda, a la que entonces también se entregó, sino que respondía al latido de la cultura que fue adquiriendo. En la exposición hay una grabación preciosa, que le hace Alejo Carpentier en París en 1937, cuando el poeta va camino de Moscú, a un festival de teatro; ahí está, leyendo la Canción del esposo soldado. Aún lleva la esperanza en el macuto.
Ahí está, en las trincheras; en la exposición es el hombre de las trincheras, y también el personaje rodeado por la pintura de la época, que Rovira y su equipo han rescatado de los archivos de Luis Quintanilla o de la Escuela de Vallecas. Los frescos de Luis Quintanilla tienen ahora el valor de reconstruir "una imagen de dolor y de tragedia" que ya marca el descenso a los infiernos de la guerra, la cárcel, la condena a muerte, la conmutación de la pena, la muerte.
Como decía César Vallejo de la vida, a Hernández no le dio respiro el infortunio; hubo dos procesos contra él; los documentos del segundo proceso se desvelan aquí, aportados por el escritor alicantino Enrique Cerdán Tato [a la vista de los hechos, la familia de Miguel Hernández ha solicitado al Tribunal Supremo la revisión y la nulidad del procedimiento sumarísimo realizado en su día contra el poeta por defecto de forma, informa la agencia Efe].
Pero no le cayó solo la muerte. Quisieron imponerle el olvido. Hasta principios de los años sesenta del siglo XX no se podía publicar su obra, no se podía hablar de él; y desde entonces a 1976 resultaba difícil hacerlo en España, aunque Joan Manuel Serrat (que ahora ha rescatado versos de Hijo de la luz y de la sombra) lo puso en el mapa a pesar del franquismo, gracias a sus versiones musicales. La exposición refleja bien esa contumacia de la censura franquista; no pudieron borrar al poeta, y él mismo, que jamás estuvo sin un papel, burló esa vigilancia férrea de los años en que aún duró, en la posguerra, escribiendo incluso en papel de retrete.
Rovira encontró papeles de váter donde Miguel escribió cuentos para su hijo Manuel Miguel. "Al margen de que él afirmara en una carta que eran traducciones de cuentos ingleses", dice el comisario de la exposición, "[son, sin duda] cuatro metáforas explícitas de libertad para que las leyese su hijo, metáforas de alguien que, en su escritura y su vida, quiso dejar constancia sobre todo de su voluntad de ser libre". Ahí se lee, por ejemplo: "Hasta la vuelta, pequeñuelos / y que no os vayáis a perder / en las estrellas de los cielos. / Venid siempre al atardecer".
En ese formato rústico, convertido ahora en un facsímil que es al tiempo una denuncia de la despiadada persecución que sufrió el poeta, el material pone los pelos de punta. "Hace unos meses", dijo ayer en su alocución inaugural la vicepresidenta Fernández de la Vega, "entregamos a los familiares de Miguel Hernández la declaración de reconocimiento y reparación personal". Y dijo la representante del Gobierno en esta nueva reparación pública a la ignominia que sufrió "el poeta necesario" del que habló Buero: "No podemos acabar con los horrores que Miguel Hernández, como tantos españoles y españolas, sufrió en aquel tiempo de sombras, pero sí podemos hacer justicia a su memoria, que es nuestra memoria".
Esos papeles de estraza son ahora como una bandera que se vuelve contra los que quisieron condenarle a la muerte y al olvido. En la Biblioteca Nacional está la respuesta del propio Hernández contra toda la ignominia que sufrió sin dejar en ningún momento de escribir hasta cuando no tenía con qué.
Wednesday, October 13, 2010
De la demanda de justicia a la demanda de subvención
Opinión: FERNANDO MAGÁN De la demanda de justicia a la demanda de subvención Fernando Magán, abogado de asociaciones de víctimas del franquismo, hace balance de la última década de trabajos en la recuperación de la memoria histórica FERNANDO MAGÁN Madrid 13/10/2010 09:54 Actualizado: 13/10/2010 12:26 NOTICIAS RELACIONADAS • Balance de diez años exhumando las fosas del franquismo La Universidad Carlos III prepara una jornada para hacer balance sobre las prácticas de exhumación realizadas en los últimos diez años. Como no tendré oportunidad de acudir a esa jornada, quiero ofrecer mi parecer en estas líneas bajo el amparo que me pudiera otorgar el haber presenciado una buena parte de ellas y haber tenido una amplia intervención ante los tribunales por esta causa. Valoro que estos diez años vienen marcados, cuando menos y en síntesis, por tres diferentes momentos. El primero, por una fase de denuncia que sobrecogió e impactó la conciencia ciudadana de nuestro país, la que puso en evidencia la realidad presente de los crímenes de la dictadura franquista con la existencia de desaparecidos, la que creó un amplio movimiento social en reivindicación en favor de la memoria de las víctimas, la que movilizó a muchísimas personas para auxiliar voluntariamente en tareas de exhumación; en definitiva, la que puso al poder político en dilema sobre el modo de actuar y al poder judicial ante su incapacidad para entender los hechos de los que se le daban noticia. El segundo -con la llegada al gobierno del partido socialista-, por una razonable expectativa de que este problema podría quedar abordado por los poderes públicos, al crearse la Comisión Interministerial, levantando muchas esperanzas entre las familias afectadas, siendo la muestra de éstas el ingente número de cartas recibidas, según este mismo órgano informaba; no obstante, la realidad de esta confusa fase es que terminó con la promulgación de la llamada ley de Memoria Histórica, que no consistió en otra cosa que poner en letra del BOE lo que ya se venía realizando, pero ahora mediante unas subvenciones para quienes emprendiesen estas prácticas. Cabe hacer un ejercicio de autocrítica para hacer posible el lema, Verdad, Justicia y Reparación Sin embargo, no dejó de restarle posibilidades de solución pública el que el Juez Garzón, con motivo de denuncias de desapariciones forzadas, se declarase competente para conocer de los hechos y que el problema en cuestión quedara bajo la tutela judicial, con unos instrumentos de investigación que se activarían mediante cooperación entre órganos jurisdiccionales. El tercero, por una rápida y agria reacción contra esa decisión judicial, dispuesta desde la Fiscalía General del Estado, y que en muy breve tiempo y de forma sumarial terminó con otra decisión de la Audiencia Nacional ordenando paralizar todas la exhumaciones que estuvieran en marcha y ello continuó con una inhibición del juzgado central a favor de los juzgados territoriales. Pero no quedó ahí esa reacción en contra, pues el Tribunal Supremo admitió querellas de grupos que justifican unos hechos delictivos, largamente denunciados, hasta el punto que el juez ha terminado apartado de ejercicio por el CGPJ y está en espera de juicio. Esta situación de persecución al juez Garzón y de inalterable mantenimiento político de la ley de memoria histórica y su sistema de subvenciones ha generado lo que parecen dos respuestas contradictorias. Por un lado, un movimiento ciudadano contra la impunidad, cuyo logro más importante son las manifestaciones del pasado mes de Abril y, por otro lado, que el grupo tradicional de asociaciones siga practicándolas, pero ya solo atento al Ministerio de Presidencia, pues la denuncia de los hechos que ocasionaron las desapariciones ha caído en desuso, lo que, consciente o inconscientemente, conlleva una gran perversidad. Perversidad que consiste en hacer mucho más fácil consolidar un sistema donde las víctimas no llegaran a tener la directa reparación del poder público conforme es una exigencia mínima de Derecho; también consolidaría un sistema que cada día genera mayores desconfianzas, con apariencia de intereses personales y modus vivendi inapropiados; frustra el necesario amparo y protección de familias que en determinados momentos ha aparecido como posible que les fuera proporcionado; a otras muchas les crea falsas expectativas ya que de tal modo solo una pequeña parte verá atendida de algún modo su esperada pretensión. En definitiva, se estaría contribuyendo a caer en la paradoja de consolidar todo lo contrario de lo que fueron las iniciales reivindicaciones del movimiento memorialista, nacido del levantamiento de los cadáveres de las cunetas. Por tanto, a todos en esa jornada, y en otras, no cabe sino hacer profundo ejercicio de crítica y autocrítica para continuar haciendo posible nuestro lema de Verdad, Justicia y Memoria.
Tuesday, October 12, 2010
Los republicanos podrán salir en 2011 del Valle de los Caídos
Los republicanos podrán salir en 2011 del Valle de los Caídos
El Gobierno informará a las familias de la posibilidad de identificar los restos
Franco trasladó en 1959 los restos de miles de republicanos enterrados en fosas y cunetas para la inauguración del mausoleo. - EFE
"Primero quitaron de una de las criptas una losa de mármol rectangular, de unos 60 centímetros de ancho y 40 de alto, después derribaron un muro de ladrillo y asomados, con la ayuda de unos focos, pudimos ver por fin los restos apilados bajo una lona y algunas de las cajas intactas". Es la descripción de los osarios del Valle de los Caídos que recuerda uno de los miembros de la Asociación por la Recuperación e Investigación Contra el Olvido (ARICO) tras la visita que el Ministerio de Presidencia organizó el pasado septiembre para los familiares de los republicanos que quieren separar a sus antepasados de la tumba de su verdugo.
El Gobierno prepara con la ayuda de forenses y arquitectos un informe para que las familias de los republicanos opten en 2011 a las subvenciones que Presidencia convoca cada año para proyectos relacionados con la memoria histórica. De esta manera, podrán iniciar los trámites para solicitar el traslado de los restos.
"Está todo destrozado. Es como una pirámide de huesos", señalaron fuentes del Ejecutivo el pasado 5 de agosto, cuando se hizo pública la denegación de la subvención a los proyectos de exhumaciones en el Valle de los Caídos a la espera de ejecutar en el mausoleo "trabajos previos".
El Ejecutivo inspeccionó los osarios en septiembre
Los familiares de los enterrados junto a los golpistas, Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, lamentaron el portazo del Gobierno y exigieron visitar los supuestos desperfectos de las cámaras funerarias. Presidencia, junto a los técnicos del Ministerio de Justicia, aceptó la petición a cambio de discreción. Entre el 6 y el 10 de septiembre, los familiares solicitantes de la subvención acudieron a Cuelgamuros acompañados de los técnicos de Presidencia y del Ministerio de Justicia.
No hubo exhumación
Sin embargo, una de las asociaciones publicitó el pasado 15 de septiembre la visita en su web y el Gobierno, tras la publicación en la revista Interviú de unas fotos de las criptas abiertas, redactó un comunicado en el que admitía haber inspeccionado los osarios "en mayo y en septiembre", "sin que se haya procedido a ninguna exhumación ni traslado".
Caamaño dice que los forenses no pretenden exhumar los cuerpos
Pese a que las reconocidas actividades forenses en el Valle de los Caídos tienen como única motivación la comprobación de si es viable o no la identificación de los republicanos cuyos restos fueron robados por los franquistas para rellenar el mausoleo, el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, declaró que los forenses "investigan el estado de las personas que se encuentran allí, pero nada más".
Presidencia ha recibido tres peticiones de personas o agrupaciones para sacar a sus familiares del Valle de los Caídos. Los solicitantes conocen el lugar exacto en el que los franquistas depositaron en 1959 las cajas con los esqueletos arrancados de fosas comunes y cunetas. "De la fosa del cementerio de Calatayud fueron trasladadas a bulto siete cajas llenas de huesos. Lo que sobró, así de crudo, lo dejaron en el osario. Sabemos que su identificación será imposible pero queremos devolver sus restos al pueblo de donde eran", defienden en ARICO.
Fausto Canales quiere recuperar los restos de su padre. Confía en poder hacerlo "una vez se apruebe el informe". Pero después de casi una década de pelea con la Administración no se conforma con recuperar los restos de su padre. Exige que el Gobierno facilite los datos de todos los miles de víctimas robadas sin el conocimiento de sus familiares.
33.847 muertos en el libro de difuntos
Más de 10.000 cuerpos sin identificar
El libro de difuntos en posesión de la abadía benedictina del Valle de los Caídos dice que hay enterradas en las criptas 33.847 personas. De ellas, 21.200 están inscritas con nombre, lugar de procedencia y espacio en el que están depositados. Otras 12.672 personas están registradas sin identificar. Franco optó por llenar el valle de republicanos después de recibir la negativa al traslado de las familias de víctimas franquistas como las de Paracuellos del Jarama.
El Gobierno digitaliza los documentos
Existen dos fuentes documentales para comprobar los nombres de las personas que fueron trasladadas a Cuelgamuros: el libro de registro de cuerpos y las órdenes del Ministerio de Gobernación con los traslados. El Gobierno digitaliza ambos documentos desde hace un año. El Congreso de los Diputados aprobó en septiembre de 2009 una moción en la que se comprometía a ayudar a las familias con republicanos en el valle.
Monday, October 11, 2010
EL VALLE DE LOS CAIDOS Y LOS DELITOS CONTRA LA HUMANIDAD.
Hoy, este "infausto" de Aldeaseca pasa de Fernando Magan
El día 6 de Noviembre de 2008 se conocía públicamente que desde el Juzgado de Garzón se había ordenado la exhumación de ocho víctimas del franquismo enterradas en la cripta del Valle de los Caídos, que habían sido llevadas hasta aquí de forma arbitraria, sin conocimiento alguno por parte de las familias y con motivo de la inauguración de este mausoleo, en el año 1958. Se realizaba este traslado desde un pozo, esto es, desde una fosa común, también clandestina, donde los restos mortales se hallaban ilocalizables desde Agosto de 1936, en la localidad abulense de Aldeaseca. Toda una realidad que no comenzó a conocerse hasta el verano de 2003, con motivo de una concienzuda búsqueda por parte de los familiares. A las 9 de la mañana del día siguiente, 7 de Noviembre de 2008, el fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, mediante simple escrito y escueto contenido, daba pronta cuenta de esa diligencia judicial a su Sala Penal, que se reunió en el mismo día y de forma plenaria, ordenando suspender todas las vistas y actuaciones previstas para el día y procedía a ordenar, por mayoría y sin trámite de recurso, la paralización de esta exhumación y de todas. Es difícil poder comprender que oscuro y profundo trasunto institucional contendría la práctica exhumatoria de esta disposición judicial, una simple devolución de unos cuerpos que el propio Patronato de la Basílica había informado en Febrero de 2004 del lugar de inhumación, del columbario y su número de orden, para que la propia justicia actuara de forma tan excepcional y creara un innecesario momento de alarma social. Sobre mismo tema y hoy, se conoce a través de la revista Interviú que forenses al servicio del Ministerio de Presidencia habrían abierto varias de las criptas donde se encuentran un altísimo e indeterminado número de restos humanos. Y lo estarían haciendo, al parecer, pues no se dan otras razones, para recuperar los cuerpos que Garzón había ordenado exhumar; pero, además, resulta altamente llamativo que se haga actuando en contra de las propias manifestaciones del Gobierno hace breves fechas, en las que negaba rotundamente la posibilidad de abrir criptas. Si de lo que se nos informa en prensa constituyera una realidad, de hecho y de Derecho, vendríamos a encontrarnos ante una situación difícilmente imaginable incluso desde la ficción, que un Estado, antes dictatorial y ahora democrático, estuviera inhumando y exhumando unos mismos cuerpos, de modo clandestino, una y otra vez. Pero no sería lo único a señalar sobre el tema, pues cabe añadirle al menos dos cosas más. Una, que el caso en cuestión fue inhibido al Juzgado de S. Lorenzo de El Escorial y éste entendió que se trataba de un delito de grandes dimensiones, cuyo conocimiento no le correspondía, por tanto, ahora mismo se encuentra ante el Tribunal Supremo, todavía pendiente de resolverse, en consecuencia, sin posibilidad de ninguna actuación hasta tanto no decida; la segunda, que en el mausoleo existen miles de víctimas republicanas, sin identificar, continuan estando desaparecidas, lo que siguiendo solo sea al juzgado de El Escorial constituye un delito contra la Humanidad, del cual podría conocerse también en otras partes del mundo, como por ejemplo, ante la justicia argentina, donde ya existe causa por hechos relacionados. Fernando Magán es el abogado que tramitó la petición judicial de exhumación
La pena de muerte, una arbitrariedad medieval que también nos marca
FERNANDO MAGÁN
Última actualización 10/10/2010@17:44:06 GMT+1
España tiene un pasado inmediato que, en "tiempos de paz", ha dispuesto y ejecutado el mayor número concebible de condenas a muerte, cualquiera que sea la clase de país con el que establezcamos una comparación. Todo ello se hizo además de la forma más inaudita, la de una "justicia al revés".
NUEVATRIBUNA.ES - 9.10.2010
No dejo de percibir lo que desde la oficialidad no deja de ser un instrumento para la hiprocesía política: se denuncian condenas a la pena de muerte en estados débiles y a veces a debilitar, los musulmanes, africanos, etc., al tiempo que se pasan por alto, incluso se ignoran, las penas de muerte que se dictan y ejecutan en estados poderosos como puedan ser, por ejemplo, China o incluso EEUU.
Pero las personas hemos de reivindicar los derechos de las personas y, en primer lugar y por encima de todos los derechos, el derecho a la vida, que es al mismo tiempo un básico deber ciudadano. Defender la vida de cualquier persona y en cualquier lugar. De nada sirve el resto de reivindicaciones si no hacemos del derecho a la vida un claro eje central de todas las demandas.
Que las condenas a muerte sean dictadas por tribunales no quiere decir que estén amparadas en el Derecho, pues no dejarán de ser siempre un acto injusto y despótico, que en esencia representa la propia negación de la democracia. Cualquiera que sea el ordenamiento que ampare la condena, ésta siempre iría contra la Carta Universal, la norma básica en la que hoy la Humanidad intenta reconocerse.
De cara a la ciudadanía española, es decir, mirando directamente a España, no podemos profundizar en este derecho y en el resto de nuestros derechos si lo desvinculamos de las muchas ejecuciones que todavía hoy nos marcan y, sobre todo, que han dejado su impronta en muchas familias españolas. No nos puede bastar con contemplar que nuestro actual sistema constitucional ha abolido la posibilidad de la pena capital y que, como consecuencia, sólo nos veamos obligados a dirigir la mirada hacia otros lugares del mundo.
España tiene un pasado inmediato que, en "tiempos de paz", ha dispuesto y ejecutado el mayor número concebible de condenas a muerte, cualquiera que sea la clase de país con el que establezcamos una comparación. Todo ello se hizo además de la forma más inaudita, la de una "justicia al revés", ya que nos hallamos en la paradoja de que quienes sufrieron esas condenas lo hicieron, en el fondo, por haber cumplido con un deber, el democrático, el deber de fidelidad y acatamiento a la legalidad constitucional, la vigente y democrática en aquél momento.
Esta situación debe hacernos no sólo reflexionar sobre la situación padecida, sino que también debe inducirnos a mantener firmes convicciones y determinaciones respecto a un régimen que llevó a una sociedad a la negación de la convivencia, que llegó a celebrar juicios militares sin ninguna garantía hasta el final de sus días, con cinco condenas ejecutadas, con unas largas consecuencias que permanecen después de la muerte de quien encarnaba el sistema. Y el resultado final ha sido que en más de treinta años de democracia no ha existido una inequívoca condena ni del general Franco ni de su régimen. Esta es una deuda de nuestras instituciones democráticas para con quienes de forma injustamene cruel perdieron la vida y también para con quienes están reclamando debida y necesaria reparación.
Fernando Magán - Abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)
No dejo de percibir lo que desde la oficialidad no deja de ser un instrumento para la hiprocesía política: se denuncian condenas a la pena de muerte en estados débiles y a veces a debilitar, los musulmanes, africanos, etc., al tiempo que se pasan por alto, incluso se ignoran, las penas de muerte que se dictan y ejecutan en estados poderosos como puedan ser, por ejemplo, China o incluso EEUU.
Pero las personas hemos de reivindicar los derechos de las personas y, en primer lugar y por encima de todos los derechos, el derecho a la vida, que es al mismo tiempo un básico deber ciudadano. Defender la vida de cualquier persona y en cualquier lugar. De nada sirve el resto de reivindicaciones si no hacemos del derecho a la vida un claro eje central de todas las demandas.
Que las condenas a muerte sean dictadas por tribunales no quiere decir que estén amparadas en el Derecho, pues no dejarán de ser siempre un acto injusto y despótico, que en esencia representa la propia negación de la democracia. Cualquiera que sea el ordenamiento que ampare la condena, ésta siempre iría contra la Carta Universal, la norma básica en la que hoy la Humanidad intenta reconocerse.
De cara a la ciudadanía española, es decir, mirando directamente a España, no podemos profundizar en este derecho y en el resto de nuestros derechos si lo desvinculamos de las muchas ejecuciones que todavía hoy nos marcan y, sobre todo, que han dejado su impronta en muchas familias españolas. No nos puede bastar con contemplar que nuestro actual sistema constitucional ha abolido la posibilidad de la pena capital y que, como consecuencia, sólo nos veamos obligados a dirigir la mirada hacia otros lugares del mundo.
España tiene un pasado inmediato que, en "tiempos de paz", ha dispuesto y ejecutado el mayor número concebible de condenas a muerte, cualquiera que sea la clase de país con el que establezcamos una comparación. Todo ello se hizo además de la forma más inaudita, la de una "justicia al revés", ya que nos hallamos en la paradoja de que quienes sufrieron esas condenas lo hicieron, en el fondo, por haber cumplido con un deber, el democrático, el deber de fidelidad y acatamiento a la legalidad constitucional, la vigente y democrática en aquél momento.
Esta situación debe hacernos no sólo reflexionar sobre la situación padecida, sino que también debe inducirnos a mantener firmes convicciones y determinaciones respecto a un régimen que llevó a una sociedad a la negación de la convivencia, que llegó a celebrar juicios militares sin ninguna garantía hasta el final de sus días, con cinco condenas ejecutadas, con unas largas consecuencias que permanecen después de la muerte de quien encarnaba el sistema. Y el resultado final ha sido que en más de treinta años de democracia no ha existido una inequívoca condena ni del general Franco ni de su régimen. Esta es una deuda de nuestras instituciones democráticas para con quienes de forma injustamene cruel perdieron la vida y también para con quienes están reclamando debida y necesaria reparación.
Fernando Magán - Abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)
Sunday, October 10, 2010
Manifiesto POR LA JUSTICIA DEL juez Baltasar Garzón
MANIFIESTOOct 8
El juez Baltasar Garzón ha ejercido de forma Una Justicia y valiente Continuada DURANTE Veinte Años en la Audiencia Nacional , Con Comprometida La Defensa de Los Derechos Humanos en España y en El Mundo dictadores contra, terroristas , corruptos y Enemigos de la democracia.

El juez Baltasar Garzón ha Sido UNO de los « principales » promotores del Desarrollo en España del Principio de Justicia Universal.
El juez Baltasar Garzón es victima de Una Campaña promovida Por Sectores de Extrema Derecha , Falange Española y Manos Limpias , Con Una Sorprendente connivencia de Sectores progresistas ALGUNOS .
El Proceso Contra el juez Baltasar Garzón es en Realidad El Pecado Juicio sumario contraindicaciones Los defensores de la Democracia , la Justicia y Los Derechos Humanos ya favor de la Impunidad de Crímenes de tumbas Muy Carácter internacional .
El juez Baltasar Garzón ESTÁ siendo juzgado Por Una sala del Tribunal Supremo en la Que La Mayoría de Sus miembros juraron Lealtad al Movimiento Nacional del franquismo .
Una Sentencia adversa al juez Baltasar Garzón, Tras agotar Las Instancias Judiciales españolas , probablemente acabaría superior Una Sentencia condenatoria del Tribunal Con Derechos Humanos de EUROPEO Contra el español Estado.
El juez Baltasar Garzón Representantes de El Modelo de Justicia basado en La Defensa de los Derechos Humanos conforme ” »Con Su Derecho Internacional Que Millones de Ciudadanos Víctimas y reclaman en Todo El Mundo.
Ya en 2008 El Comité de Derechos Humanos de las Naciones, Unidas recomendó al Estado español la derogación de la Ley de Amnistía preconstitucional de 1977.
Este Caso Vuelve a demostrar la necesidad de la Justicia Internacional. Incluso España , El País Que intentó Procesar al dictador Pinochet, es Incapaz de Su Propia Juzgar Dictadura . Y Quien lo intenta , es juzgado ola Por .
Saturday, October 09, 2010
"Multaron a mi padre después de fusilarlo"
Un tribunal pasó a la viuda de Blas Infante una sanción heredada de 2.000 pesetas
Blas Infante, hoy oficialmente declarado por el Parlamento Padre de la Patria Andaluza, fue asesinado el 11 de agosto de 1936. Pero el régimen no se conformó. Uno de los rasgos de la represión económica es que no se extinguía con el exilio ni la muerte del procesado. El Tribunal de Responsabilidades Políticas dictó el 4 de mayo de 1940 una sentencia post mórtem que justificaba su fusilamiento por su actividad política andalucista. Y lo hacía, en el colmo de la aberración jurídica, apoyándose en una ley de 1939.
La represión económica se cebó con personalidades políticas, con más saña cuanto más destacado fue su papel en la República. Largo Caballero, Casares Quiroga y Martínez Barrio, entre otros, fueron condenados a la pérdida total de los bienes. Otros, como Manuel Azaña, a multas estratosféricas de 100 millones de pesetas. La misma sanción que se le impuso a Juan Negrín, cuya familia emprendió hace años una lucha pionera por recuperar los bienes robados. Otras familias castigadas con el expolio, como la de Niceto Alcalá Zamora, han tenido la generosidad de ceder a las instituciones democráticas posesiones legítimas de las que fueron desposeídas por el régimen. Es el caso de la casa natal en Priego de Córdoba del que fuera presidente de la República, hoy sede de una fundación y un museo en su memoria.
Su viuda, Isabel Machuca, suplicó en un pliego de descargo la devolución de los bienes al tener varios hijos sin jornal y al mayor en el ejército. El tribunal dictó finalmente el sobreseimiento de la causa en 1945, pero sólo le devolvió los aperos. El resto ya había sido vendido en una subasta.
Blas Infante, hoy oficialmente declarado por el Parlamento Padre de la Patria Andaluza, fue asesinado el 11 de agosto de 1936. Pero el régimen no se conformó. Uno de los rasgos de la represión económica es que no se extinguía con el exilio ni la muerte del procesado. El Tribunal de Responsabilidades Políticas dictó el 4 de mayo de 1940 una sentencia post mórtem que justificaba su fusilamiento por su actividad política andalucista. Y lo hacía, en el colmo de la aberración jurídica, apoyándose en una ley de 1939.
Infante murió en 1936 y la sentencia con la multa llegó en 1940
A su viuda, Angustias García, se le impuso una multa heredada de 2.000 pesetas. María de los Ángeles Infante tenía 6 años cuando se llevaron de su casa de Coria del Río (Sevilla) a su padre para matarlo. Y tres más cuando llegó la sanción. "¿Qué iba a hacer mi madre, la pobre? La pagó, claro", cuenta. En contra de lo que piden miembros de su familia y partidos andalucistas y de izquierdas, no quiere que la sentencia se anule. "Que se quede ahí. Que se vean las monstruosidades de las que eran capaces. Multar a un hombre después de fusilarlo".La represión económica se cebó con personalidades políticas, con más saña cuanto más destacado fue su papel en la República. Largo Caballero, Casares Quiroga y Martínez Barrio, entre otros, fueron condenados a la pérdida total de los bienes. Otros, como Manuel Azaña, a multas estratosféricas de 100 millones de pesetas. La misma sanción que se le impuso a Juan Negrín, cuya familia emprendió hace años una lucha pionera por recuperar los bienes robados. Otras familias castigadas con el expolio, como la de Niceto Alcalá Zamora, han tenido la generosidad de ceder a las instituciones democráticas posesiones legítimas de las que fueron desposeídas por el régimen. Es el caso de la casa natal en Priego de Córdoba del que fuera presidente de la República, hoy sede de una fundación y un museo en su memoria.
Alcaldes republicanos
"¿Qué iba a hacer mi madre, la pobre? Pues pagar", cuenta María de los Ángeles
Especialmente cruel fue la persecución a los alcaldes. En el caso de José Ortiz, carpintero y regidor de Benacazón (Sevilla), los jefes locales de la Iglesia, la Guardia Civil y la Falange no tuvieron que molestarse en informar sobre la conducta del acusado, ya que había sido fusilado por bando de guerra en agosto de 1936. Así que, tal y como atestigua su expediente, se limitaron al frío conteo de sus bienes: "Dos mulas, una yegua, una cerda y cinco lechones. 400 arrobas de paja. Un carro de dos ruedas, un arado, un yugo y un trillo. Una suerte de viña". Su viuda, Isabel Machuca, suplicó en un pliego de descargo la devolución de los bienes al tener varios hijos sin jornal y al mayor en el ejército. El tribunal dictó finalmente el sobreseimiento de la causa en 1945, pero sólo le devolvió los aperos. El resto ya había sido vendido en una subasta.
La rapiña franquista
La rapiña franquista queda al descubierto tras 70 años
La represión económica afectó a unas 200.000 familias derrotadas. Varios estudios arrojan luz sobre la dimensión del expolio. El Estado impide la reparación del daño
ÁNGEL MUNÁRRIZ SEVILLA 10/10/2010 00:00

Mendigos en las calles de Madrid en plena dictadura franquista, el 15 de diciembre de 1945. - EFE / VIDAL
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Rafael F. Vázquez, párroco de la antigua población de Guájar, en Granada, traza un semblante crudo de la acusada. "Profesa ideas avanzadas", afirma. La suerte de Dolores Mancilla, de profesión sus labores, ya está echada. Pero la apuntala el guardia civil Miguel Aguilera: "Pésima conducta. Votó siempre que fue necesario al Frente Popular". El Tribunal de Responsabilidades Políticas no necesita más para decretar la incautación de sus bienes: tres camas, casa y plantación de almendros. La multa es de 500 pesetas.
Un grupo de 32 investigadores de ocho universidades ha rescatado de los comités de incautación y los tribunales de responsabilidades políticas de Andalucía más de 53.000 expedientes personales como el anterior, acreditativos de la justicia militar totalitaria que el franquismo arbitró hasta el fin de la primera posguerra con curas, falangistas, guardias civiles y alcaldes como delatores. La iniciativa, financiada por la Junta, supone la primera investigación que pone negro sobre blanco la dimensión en una región española del expolio económico, aún hoy el más desconocido de los pilares sobre los que se asentó la represión franquista.
Paqui sabe en qué consiste ese pacto. Fruto de una reclamación ante el Estado, posee un papel remitido por Hacienda que deja bien claro que España no contempla la devolución de bienes incautados a particulares. Pero también tiene otro papel, del Registro de la Propiedad, que demuestra que la casa que tenía en un pueblo de Sevilla su bisabuelo Juan era eso, su casa, o al menos lo fue hasta que le fue incautada tras su asesinato en 1936. "Un hijo suyo aún me pregunta qué pasa con la casa y no sé qué decirle", cuenta Paqui. La mayoría de los que están en su misma situación ni se plantearon intentar recuperar los bienes. En realidad muchos ni siquiera saben que sus familias fueron expoliadas.
Sí hay en marcha una ambiciosa iniciativa colectiva, aunque sin éxito hasta la fecha: la Asociación de Perjudicados por la Incautación Franquista, que desde Catalunya ha reu-nido a 2.000 afectados, todos ellos con recibos de multas pagadas. "Hemos dialogado con los partidos, pero sin conseguir compromisos formales. Vamos a seguir hasta el final. Si hace falta, a los tribunales, en España y en Europa", cuenta María Casals, portavoz. La asociación no se encarga de bienes, sólo de multas. María ignora cuál es el importe total de las sanciones, pero sí adelanta que pedirán al Estado cinco euros por cada peseta de la época en que se abonaron.
Más de 200.000 familias sufrieron en España la investigación, retención o expolio de sus bienes, según los cálculos más fiables. Y eso en un país que en 1940 rondaba los 26 millones de habitantes. Fernando Martínez, coordinador del proyecto andaluz, cifra en "cerca de 60.000" las personas familias, en realidad afectadas entre 1936 y 1945.
La rapiña de los sublevados comienza de forma espontánea el mismo 18 de julio del 36 y con el tiempo se va amparando en bandos, decretos y, finalmente, en la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. La maquinaria funcionó a tal ritmo que en 1941 el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas advirtió de la incapacidad del Estado para contar o gestionar los bienes.
Por ello en 1942 se suavizó la ley, multiplicando los sobreseimientos. En 1945, con el franquismo intentando dulcificar su imagen, cesaron los expedientes, aunque hubo familias que pagaron plazos hasta finales de los 60. Aparte del expolio, el régimen se había hecho con un detallado fichero de rojos y había extendido por toda España una cultura indeleble de miedo y delación.
No todas las multas se pagaban. En Madrid, Álvaro cifra las impuestas en 660 millones, aunque la mayoría fueron sanciones absurdamente altas, más ejemplares que prácticas, a prohombres de la República. "Las que sí se pagaban, y eran demoledoras para las clases medias y bajas, eran las de cientos o miles de pesetas. Y todo el proceso en sí, que suponía la inmovilización de los bienes, era un castigo", cuenta Martínez. Su intención, cuando acabe el estudio, es colgarla en la Red. Que se vea todo: víctimas, delatores, sentencias. Será una pequeña parte comparada con lo mucho que sigue oculto 70 años después.
Un grupo de 32 investigadores de ocho universidades ha rescatado de los comités de incautación y los tribunales de responsabilidades políticas de Andalucía más de 53.000 expedientes personales como el anterior, acreditativos de la justicia militar totalitaria que el franquismo arbitró hasta el fin de la primera posguerra con curas, falangistas, guardias civiles y alcaldes como delatores. La iniciativa, financiada por la Junta, supone la primera investigación que pone negro sobre blanco la dimensión en una región española del expolio económico, aún hoy el más desconocido de los pilares sobre los que se asentó la represión franquista.
Andalucía ultima el primer informe autonómico completo
"Es el gran tema tabú. Sólo se ha hablado en voz baja", explica Cecilio Gordillo, activista destacado del memorialismo andaluz. Tampoco lo tocó la Ley de Memoria Histórica. Llegada la democracia, los principales partidos y sindicatos sí pactaron la devolución de sus bienes. Pero los particulares pagaron otro de los peajes de olvido de la Transición.Paqui sabe en qué consiste ese pacto. Fruto de una reclamación ante el Estado, posee un papel remitido por Hacienda que deja bien claro que España no contempla la devolución de bienes incautados a particulares. Pero también tiene otro papel, del Registro de la Propiedad, que demuestra que la casa que tenía en un pueblo de Sevilla su bisabuelo Juan era eso, su casa, o al menos lo fue hasta que le fue incautada tras su asesinato en 1936. "Un hijo suyo aún me pregunta qué pasa con la casa y no sé qué decirle", cuenta Paqui. La mayoría de los que están en su misma situación ni se plantearon intentar recuperar los bienes. En realidad muchos ni siquiera saben que sus familias fueron expoliadas.
Sí hay en marcha una ambiciosa iniciativa colectiva, aunque sin éxito hasta la fecha: la Asociación de Perjudicados por la Incautación Franquista, que desde Catalunya ha reu-nido a 2.000 afectados, todos ellos con recibos de multas pagadas. "Hemos dialogado con los partidos, pero sin conseguir compromisos formales. Vamos a seguir hasta el final. Si hace falta, a los tribunales, en España y en Europa", cuenta María Casals, portavoz. La asociación no se encarga de bienes, sólo de multas. María ignora cuál es el importe total de las sanciones, pero sí adelanta que pedirán al Estado cinco euros por cada peseta de la época en que se abonaron.
Las cifras de la humillación
Al margen de las dificultades para la reparación de las víctimas, les queda el consuelo parcial de que el manto de silencio está empezando a descorrerse con algunos datos. En octubre de 1941, los tribunales habían incoado casi 125.000 expedientes de incautación y quedaban unas 100.000 denuncias pendientes, según los datos recopilados por Manuel Álvaro en el libro colectivo La gran represión (2009), coordinado por Mirta Núñez, profesora de la Complutense.Más de 200.000 familias sufrieron en España la investigación, retención o expolio de sus bienes, según los cálculos más fiables. Y eso en un país que en 1940 rondaba los 26 millones de habitantes. Fernando Martínez, coordinador del proyecto andaluz, cifra en "cerca de 60.000" las personas familias, en realidad afectadas entre 1936 y 1945.
2.000 afectados se han organizado para pedir el importe que pagaron en multas
La historiadora Ángela Cenarro, que coordina en Aragón un proyecto similar al andaluz, cifra en unos 13.000 los expedientes abiertos en la región. En Galicia el ambicioso proyecto Nomes e voces también ha abarcado la investigación de la represión económica entre 1936 y 1939. A falta de datos globales, su coordinador, Lourenzo Fernández, destaca la "clara voluntad" del régimen de cebarse con los derrotados, así como otras formas de expolio, como la expropiación de montes comunales.La rapiña de los sublevados comienza de forma espontánea el mismo 18 de julio del 36 y con el tiempo se va amparando en bandos, decretos y, finalmente, en la Ley de Responsabilidades Políticas de 1939. La maquinaria funcionó a tal ritmo que en 1941 el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas advirtió de la incapacidad del Estado para contar o gestionar los bienes.
Por ello en 1942 se suavizó la ley, multiplicando los sobreseimientos. En 1945, con el franquismo intentando dulcificar su imagen, cesaron los expedientes, aunque hubo familias que pagaron plazos hasta finales de los 60. Aparte del expolio, el régimen se había hecho con un detallado fichero de rojos y había extendido por toda España una cultura indeleble de miedo y delación.
"Ha sido el gran tema tabú. Sólo se ha hablado en voz baja"
El volumen de bienes incautados y dinero recaudado por multas es difícil de precisar, más cuando hasta el régimen se confesaba incapaz de hacerlo. Pero varios datos dan una idea. En Toledo fue incautada más de la mitad de la propiedad rústica. El total de multas impuestas en Andalucía rondó los cien millones de pesetas de la época, cuando un bancal de tierra para alimentar a una familia podía costar cien pesetas y una casa obrera en un pueblo andaluz, entre 300 y 500. No todas las multas se pagaban. En Madrid, Álvaro cifra las impuestas en 660 millones, aunque la mayoría fueron sanciones absurdamente altas, más ejemplares que prácticas, a prohombres de la República. "Las que sí se pagaban, y eran demoledoras para las clases medias y bajas, eran las de cientos o miles de pesetas. Y todo el proceso en sí, que suponía la inmovilización de los bienes, era un castigo", cuenta Martínez. Su intención, cuando acabe el estudio, es colgarla en la Red. Que se vea todo: víctimas, delatores, sentencias. Será una pequeña parte comparada con lo mucho que sigue oculto 70 años después.
Emilio Silva: "Esa puerta nadie se atreve a abrirla"
Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, lamenta que el Estado no haya dado nunca “ninguna facilidad” para el resarcimiento. “A los partidos y los sindicatos sí. Al ciudadano, nada”, denuncia. “Esa puerta nadie se ha atrevido a abrirla. ¿Por qué siempre ese rechazo a invalidar las sentencias de responsabilidades políticas? Porque habría que anular también las multas que ordenaban”, afirma. Silva lamenta la “hipocresía” que supone que “los mismos que argumentan que eso generaría el caos son los que defienden con uñas y dientes la inviolabilidad de la propiedad privada”.DÍA MUNDIAL CONTRA LA PENA DE MUERTE
DÍA MUNDIAL CONTRA LA PENA DE MUERTE
Portada de un diario el 27 de septiembre de 1975. |
España, el único país de Europa con más sentencias de muerte sin anular
Última actualización 09/10/2010@15:58:11 GMT+1
Un total de 190.000, según reconoció el propio régimen franquista en 1950. En el Día Mundial Contra la Pena de Muerte, el colectivo memorialista recuerda todos aquellos “asesinatos judiciales” perpetrados por la Dictadura para exigir no sólo su anulación sino también el enjuiciamiento de las autoridades responsables de aquellos crímenes.
NUEVATRIBUNA.ES 09.10.2010
Este domingo, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial Contra la Pena de Muerte, una práctica que sigue vigente en muchos países y que en España fue definitivamente abolida de la legislación militar por Ley Orgánica en 1995. El colectivo memorialista contempla esta fecha con la vista puesta en todas aquellas personas asesinadas por el régimen franquista cuyos familiares siguen pidiendo justicia para resarcir esos crímenes.
Desde la red social facebook, el profesor de Derecho Penal Internacional, Miguel Ángel Rodríguez Arias, reclama que se procese a los jueces y autoridades franquistas y los piquetes de ejecución, responsables de las 190.000 penas de muertes reconocidas por el régimen en 1950. Sentencias que no han sido anuladas por la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 que a lo sumo las tacha de “ilegítimas”.
Rodríguez Arias viene sosteniendo desde hace tiempo en estas mismas páginas que las llamadas “sentencias” dictadas por los tribunales franquistas son “crímenes de guerra” según el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que define expresamente como “crimen de guerra” (y por tanto imprescriptible e inamnistiable) “las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.
Pero Rodríguez Arias va mucho más allá al calificar dichas “sentencias” como “asesinatos judiciales”. Así lo expone en un artículo publicado en nuevatribuna.es bajo el título No tan sólo hay que anular las sentencias de Franco con motivo, el pasado 27 de septiembre, del 35º aniversario de las últimas ejecuciones habidas en España. En él expone como obligación ineludible del Estado con las víctimas de la Dictadura el procesamiento de los jueces franquistas –también los que pasaron por el Tribunal de Orden Público (TOP)-, de los miembros de los denominados “consejos de guerra”, de las autoridades responsables de los fusilamientos; y de los tiradores de los piquetes de ejecución de igual forma que fueron juzgados y condenados tras la caída del muro de Berlín, en 1989, los tiradores cuyas órdenes eran disparar a matar a todos los que intentasen huir de la antigua RDA; o los procesos de Nuremberg contra los jueces nazis.
Para buena parte del colectivo memorialista, la ley impulsada por el Gobierno Zapatero no ha hecho más que acrecentar la impunidad de aquellos crímenes: 190.000 ejecuciones sumarísimas, 150.000 desaparecidos, dos mil fosas comunes, 30.000 niños robados. El Estado sigue sin resarcir a las víctimas y desde distintas instancias se pone freno a intentos como el del juez Baltasar Garzón de abrir una investigación penal de aquellos sucesos. Algunos familiares han empezado a actuar por su cuenta. El pasado mes de junio, varios colectivos pusieron una demanda en Estrasburgo ante la negativa de las instituciones españolas a investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, solicitando una “tramitación de urgencia” dada la avanzada edad de las personas afectadas (familiares de las víctimas) y “un evidente riesgo de daño irreparable (su muerte inminente)”. La demanda añadía asimismo la petición de que se suspendiese la causa contra Garzón mientras se resolviese la demanda interpuesta.
También este año, el pasado 7 de mayo, Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, condenado a muerte por el último Consejo de Guerra de la dictadura y fusilado junto a otros cuatro procesados el 27 de septiembre de 1975, presentó una demanda en Buenos Aires (Argentina) para pedir responsabilidades. Ella misma sufrió torturas, con 21 años y estando embarazada, después de ser detenida por la Guardia Civil en Badajoz. “Siempre he querido que se anulasen esos juicios que habían sido ilegales y que no tuvieron las mínimas garantías de defensa ni de respeto a los derechos humanos”, denunció Carretero en cuya demanda también incluye a los responsables de sus torturas.
En un día como este 10 de octubre resulta oportuno recordar que todas esas personas asesinadas bajo la “legalidad” del régimen franquista lucharon por defender la República, una república que en 1932 abolía la pena de muerte pero que después fue incorporada por Franco en 1938. En el día internacional contra la pena de muerte sería deseable no silenciar que las heridas siguen abiertas en la sociedad española, primero por la no anulación de unos crímenes reconocidos todavía como “sentencias” y la imposibilidad de que los responsables aún vivos respondan ante la Justicia.
Este domingo, 10 de octubre, se celebra el Día Mundial Contra la Pena de Muerte, una práctica que sigue vigente en muchos países y que en España fue definitivamente abolida de la legislación militar por Ley Orgánica en 1995. El colectivo memorialista contempla esta fecha con la vista puesta en todas aquellas personas asesinadas por el régimen franquista cuyos familiares siguen pidiendo justicia para resarcir esos crímenes.
Desde la red social facebook, el profesor de Derecho Penal Internacional, Miguel Ángel Rodríguez Arias, reclama que se procese a los jueces y autoridades franquistas y los piquetes de ejecución, responsables de las 190.000 penas de muertes reconocidas por el régimen en 1950. Sentencias que no han sido anuladas por la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007 que a lo sumo las tacha de “ilegítimas”.
Rodríguez Arias viene sosteniendo desde hace tiempo en estas mismas páginas que las llamadas “sentencias” dictadas por los tribunales franquistas son “crímenes de guerra” según el artículo 8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que define expresamente como “crimen de guerra” (y por tanto imprescriptible e inamnistiable) “las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal regularmente constituido, con todas las garantías judiciales generalmente reconocidas como indispensables”.
Pero Rodríguez Arias va mucho más allá al calificar dichas “sentencias” como “asesinatos judiciales”. Así lo expone en un artículo publicado en nuevatribuna.es bajo el título No tan sólo hay que anular las sentencias de Franco con motivo, el pasado 27 de septiembre, del 35º aniversario de las últimas ejecuciones habidas en España. En él expone como obligación ineludible del Estado con las víctimas de la Dictadura el procesamiento de los jueces franquistas –también los que pasaron por el Tribunal de Orden Público (TOP)-, de los miembros de los denominados “consejos de guerra”, de las autoridades responsables de los fusilamientos; y de los tiradores de los piquetes de ejecución de igual forma que fueron juzgados y condenados tras la caída del muro de Berlín, en 1989, los tiradores cuyas órdenes eran disparar a matar a todos los que intentasen huir de la antigua RDA; o los procesos de Nuremberg contra los jueces nazis.
Para buena parte del colectivo memorialista, la ley impulsada por el Gobierno Zapatero no ha hecho más que acrecentar la impunidad de aquellos crímenes: 190.000 ejecuciones sumarísimas, 150.000 desaparecidos, dos mil fosas comunes, 30.000 niños robados. El Estado sigue sin resarcir a las víctimas y desde distintas instancias se pone freno a intentos como el del juez Baltasar Garzón de abrir una investigación penal de aquellos sucesos. Algunos familiares han empezado a actuar por su cuenta. El pasado mes de junio, varios colectivos pusieron una demanda en Estrasburgo ante la negativa de las instituciones españolas a investigar los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, solicitando una “tramitación de urgencia” dada la avanzada edad de las personas afectadas (familiares de las víctimas) y “un evidente riesgo de daño irreparable (su muerte inminente)”. La demanda añadía asimismo la petición de que se suspendiese la causa contra Garzón mientras se resolviese la demanda interpuesta.
También este año, el pasado 7 de mayo, Silvia Carretero, viuda de Luis Sánchez Bravo, condenado a muerte por el último Consejo de Guerra de la dictadura y fusilado junto a otros cuatro procesados el 27 de septiembre de 1975, presentó una demanda en Buenos Aires (Argentina) para pedir responsabilidades. Ella misma sufrió torturas, con 21 años y estando embarazada, después de ser detenida por la Guardia Civil en Badajoz. “Siempre he querido que se anulasen esos juicios que habían sido ilegales y que no tuvieron las mínimas garantías de defensa ni de respeto a los derechos humanos”, denunció Carretero en cuya demanda también incluye a los responsables de sus torturas.
En un día como este 10 de octubre resulta oportuno recordar que todas esas personas asesinadas bajo la “legalidad” del régimen franquista lucharon por defender la República, una república que en 1932 abolía la pena de muerte pero que después fue incorporada por Franco en 1938. En el día internacional contra la pena de muerte sería deseable no silenciar que las heridas siguen abiertas en la sociedad española, primero por la no anulación de unos crímenes reconocidos todavía como “sentencias” y la imposibilidad de que los responsables aún vivos respondan ante la Justicia.
Thursday, October 07, 2010
A ti Petra (IIIII) y última
Esta es la ultima saca o paseo de los cuchareros fusilados – (Petra)-, en la que tu te opusiste a toda huella que pudiéramos obtener de tu “particular ayuntamiento” . Porque así le consideraste: de tu posesión, propiedad y pertenencia.
Aquí y en estos dos últimos fusilados, nuestro informador no debía tener los datos exactos ya que los sitúa en el me de septiembre 1936 sin fecha.
En cualquier caso (dice él) son fusilados en Repicao y yacen en el cementerio. (Que ya tendrían influencias del régimen fascista) para traerlos al Camposanto. Aunque quiero recordar y de oidas ( que los enterraron donde los que se suicidaban.) Porque segun la religion cristiana estos-unos y ootros- no eran merecedores de una digna sepultura.
Podría poner aquí preocupaciones dirigidas a ese tu ayuntamiento, en lo que todo nos negabas. Pero seria fatigoso para los lectores, ya que voy a poner el listado de cómo y cuantos murieron, por el capricho de un militar facineroso que se levantó en armas contra un régimen legalmente constituido como fue la Republica. Dejando a su paso fusilamientos, cárceles, miserias y desolación. Pero como ya he dicho, Franco está en el más bajo albañal de la Historia Mundial, y tú -salvando las distancias-, en la más baja cloaca política de Pedro Bernardo. ‘Ya te aprietan hasta los zapatos’
Pero yo seguiré escribiendo tu historia, para no olvidar como leía ayer. “No nos lloréis, recordarnos”.
Entran las tropas invasoras en Pedro Bernardo) del comandante Doval el DIA 14 de septiembre.
Comienzan las detenciones y los paseos tempraneros.
El día 21, comienzan los paseos nocturnos; ya que de día no se podía matarlos; Porque no había ningún motivo, más que el defender la legalidad vigente y emergida de las urnas. Como la defendemos los que vivimos ahora, igual. Pero la derecha, siempre quiso tener amordazada a la clase obrera: si no ganaba en los plebiscitos, sacaban los cañones a la calle: recuérdese lo mas reciente (G. Pavía, G. Franco, C. Tejero) y ahora (Las Azores) todo un ejemplo de vileza en Iraq.
Volviendo a los fusilamientos, en una camioneta montan a los elegidos, y sin tomarlos ni una pequeña declaración o interrogatorio, los van matando por este orden. (Según los apuntes de un distinguido cucharero)
Día
21
septiembre
1 Alejandro de León Andrés
2 Pablo Bardera González
3 Pablo González Sánchez (fugado y luego fue ejecutado en Ávila por un familiar suyo)
4 Caledonio Sánchez
5 Maria García
6 Señora German ( la grifa)
7 José Reguero ( se tiro desde la camioneta y se libró)
Todos lo demás cinco de este apartado enterrados en el paraje de los Linares
============================================================
dia 29
de Sep..
8 Antonio Limas
9 Jorge Fernández
10 Longino Sánchez
11 Jonás Real
12 Pablo Fernández
13 Andrés Granado
14 Luis “ chivero”
estos siete compañeros están enterrados en la cerca de la Asomadillas (asador)
============================================================
día Torturados y ejecutados
1 octubre
15 Mariano Moneo
16 Andrés Sánchez Robles
17 Mariano de Boso
18 Lucia González
19 Pascasio Robles
Estos cinco enterrados entre el reguero Herradón y la casa caminero de Lanzahita margen izquierda
día
5 octubre
20 Eusebio González
21 Segundo Peluca.
22 Un hijo de este último, de 14 años, que el autor de la lista, ignora su nombre
¡ que malhechores!
Estos tres enterrados al rebasar la misma casilla de camineros en la margen derecha
Septiembre
Sin fecha
23 Eleuterio (el mella)
24 Segundo Sánchez
Enterrado uno en Repicado, y otro en el Cementerio
Torturados y ejecutados en la silla eléctrica de ÁVILA
25 Jacinto González Granado
26 Domingo Pérez González
27 D. Ponciano ( el dueño de la huerta el Boticario)
28 Nemesio Rodríguez
----------------------------------------------------------------------------
Fallecidos en el Campo de Batalla luchando por, y en apoyo del gobierno salido de las urnas
1- Esteban González
2- Nicomedes González
3- Agustín González
4- Marcial Gómez Gómez
5- Venancio Gómez Gómez
6- Nicolás Gómez Gómez
7- Lino de Boso Segovia
8- Domingo de Boso Segovia
9- Gregorio González
10- Rufo González
11- Carlos Sierra
12- Alberto Fernández Sierra
13- Eugenio Sánchez Díaz
14- José Sánchez Díaz
15- Severiano Bardera
16- Agustín Cabrero Cuevas
17- Arturo González Elena
18- Roque Bardera
19- Timoteo Bardera Fernández
20- Diego Villacastín Bardera
21- Alejandro Bardera
22- Esteban González González
23- Esteban González Segovia
24- Jesús González Segovia
25- Timoteo Gracia
26- Dionisio Rodríguez Sierra
27- Eusebio de Boso Sánchez
28- Vicente González Sierra
29-Ceferino Sánchez
30-Juan Sánchez
31-Eduardo Rico
32-Alejandro González
33-Nicomedes Sierra Navas
34- Joaquín Martínez
35-“ Pichis”
36-Julio González Fernández
37-Bonifacio Fernández Sierra
38-Juan sierra
39-Pastor Limas Granado
40-Julio González Corral
41-Julio González González
42-Teodoro de León Andrés
Hasta aquí, los sesenta (65) jóvenes cuchareros -incluido un niño de 14 años y 5 mujeres- que murieron por el lado de las izquierdas, pues ninguno rebasaba los 45 años. Con un censo de dos mil y pico que tenia Pedro Bernardo entonces. ¡Verdugos!
Luego hay más, y más. Que parece de novela: A las mujeres de los rojos que estaban en la cárcel –entre ellas a dos hermanas de mi PADRE- que no las fusilaron por estar embarazadas: una abortó por la gesta.
Volviendo a los fusilamientos, en una camioneta montan a los elegidos, y sin tomarlos ni una pequeña declaración o interrogatorio, los van matando por este orden. (Según los apuntes de un distinguido cucharero)
Día
21
septiembre
1 Alejandro de León Andrés
2 Pablo Bardera González
3 Pablo González Sánchez (fugado y luego fue ejecutado en Ávila por un familiar suyo)
4 Caledonio Sánchez
5 Maria García
6 Señora German ( la grifa)
7 José Reguero ( se tiro desde la camioneta y se libró)
Todos lo demás cinco de este apartado enterrados en el paraje de los Linares
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dia 29
de Sep..
8 Antonio Limas
9 Jorge Fernández
10 Longino Sánchez
11 Jonás Real
12 Pablo Fernández
13 Andrés Granado
14 Luis “ chivero”
estos siete compañeros están enterrados en la cerca de la Asomadillas (asador)
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día Torturados y ejecutados
1 octubre
15 Mariano Moneo
16 Andrés Sánchez Robles
17 Mariano de Boso
18 Lucia González
19 Pascasio Robles
Estos cinco enterrados entre el reguero Herradón y la casa caminero de Lanzahita margen izquierda
día
5 octubre
20 Eusebio González
21 Segundo Peluca.
22 Un hijo de este último, de 14 años, que el autor de la lista, ignora su nombre
¡ que malhechores!
Estos tres enterrados al rebasar la misma casilla de camineros en la margen derecha
Septiembre
Sin fecha
23 Eleuterio (el mella)
24 Segundo Sánchez
Enterrado uno en Repicado, y otro en el Cementerio
Torturados y ejecutados en la silla eléctrica de ÁVILA
25 Jacinto González Granado
26 Domingo Pérez González
27 D. Ponciano ( el dueño de la huerta el Boticario)
28 Nemesio Rodríguez
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Fallecidos en el Campo de Batalla luchando por, y en apoyo del gobierno salido de las urnas
1- Esteban González
2- Nicomedes González
3- Agustín González
4- Marcial Gómez Gómez
5- Venancio Gómez Gómez
6- Nicolás Gómez Gómez
7- Lino de Boso Segovia
8- Domingo de Boso Segovia
9- Gregorio González
10- Rufo González
11- Carlos Sierra
12- Alberto Fernández Sierra
13- Eugenio Sánchez Díaz
14- José Sánchez Díaz
15- Severiano Bardera
16- Agustín Cabrero Cuevas
17- Arturo González Elena
18- Roque Bardera
19- Timoteo Bardera Fernández
20- Diego Villacastín Bardera
21- Alejandro Bardera
22- Esteban González González
23- Esteban González Segovia
24- Jesús González Segovia
25- Timoteo Gracia
26- Dionisio Rodríguez Sierra
27- Eusebio de Boso Sánchez
28- Vicente González Sierra
29-Ceferino Sánchez
30-Juan Sánchez
31-Eduardo Rico
32-Alejandro González
33-Nicomedes Sierra Navas
34- Joaquín Martínez
35-“ Pichis”
36-Julio González Fernández
37-Bonifacio Fernández Sierra
38-Juan sierra
39-Pastor Limas Granado
40-Julio González Corral
41-Julio González González
42-Teodoro de León Andrés
Hasta aquí, los sesenta (65) jóvenes cuchareros -incluido un niño de 14 años y 5 mujeres- que murieron por el lado de las izquierdas, pues ninguno rebasaba los 45 años. Con un censo de dos mil y pico que tenia Pedro Bernardo entonces. ¡Verdugos!
Luego hay más, y más. Que parece de novela: A las mujeres de los rojos que estaban en la cárcel –entre ellas a dos hermanas de mi PADRE- que no las fusilaron por estar embarazadas: una abortó por la gesta.
Las cortan el pelo al rape: unas, preñadas, otras recién paridas, porque entonces las mujeres concebían mucho; todas famélicas por el sufrimiento y el hambre las pasean por el pueblo. En todos los cerritos (cruce entre calles) las daban a beber aceite de “ricino” que decían. Las acompañaba el pregonero municipal y un falangista con fusil al hombro; las pregonaba un edicto en los citados cerritos por rojas, no recuerdo el texto. Pero lo presencié personalmente con 4 años, igual y como, me arrebata otro falangista a mi Padre, yo sentado en su regazo en el portal de casa.
Petra. Aquí termina esta historia en la que nosotros amparados en nuestros derechos democráticos, te reclamábamos sus identidades pasándotelas tú por los ovarios en el mejor de los casos. En el peor, nos contestabas con denuncias en el cuartel de la G. C.
Y tú mientras tomabas la comunión de todos los santos. Pero a ese Dios al que “fingidamente” reverenciabas (o el tiempo) te han puesto en el sitio meritorio.
No puedo olvidar en esta a Isabel Fernández Navas, quien ha vendido su personal memoria histórica por un precio de saldo.
Wednesday, October 06, 2010
NAVALCAN (Cerca de quien lo necesita)
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Algunas dudas se despejan y muchos ciudadanos pueden vivir más tranquilos. En 1936 desaparecieron sin dejar rastro; 74 años después sus familiares tienen noticias de sus restos. Son los cuerpos de seis fusilados de la Guerra Civil española que se hallaron en dos parajes de la localidad de Navalcán y que ahora podrán ser devueltos a sus familiares.
El 23 de octubre, a las 12,00 horas en el Centro Cultural de Navalcán, se llevará a cabo un acto simbólico para devolver los restos de los fusilados a sus familias. En febrero de hace tres años se abrieron tres fosas localizadas en los parajes de la Dehesa Nueva y la Cañada de Calabazas para localizar y llevar a cabo las labores de exhumación de los cuerpos de seis hombres. En la primera fosa se encontraron los restos de Joaquín Sánchez Urdiales, de 38 años y de la familia conocida como ‘Matancha’; de Juan García Blanco, de 41 años perteneciente a los ‘Repica’, y del más joven, que apenas había superado la mayoría de edad, José Cepeda. Frente a ellos, y cruzando un pequeño arroyo de la Dehesa Nueva, los técnicos de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, especializada en exhumación de fosas de la Guerra Civil española, descubrieron el cuerpo de Gregorio Muñoz, de 30 años y de la familia ‘Pirollo’. En la Cañada de las Calabazas se localizaron los huesos de los cadáveres de los hermanos Lázaro y Mariano Rodríguez Muñoz, de 30 y 27 años, respectivamente.
Marcial Muñoz, miembro de la Asociación para la Memoria Histórica de la Sierra de Gredos y los Montes de Toledo, asegura que «la cantidad de restos hallada ha sido escasa debido a la acidez de la tierra y del ph del agua que es muy agresivo».
En las fosas, junto a los restos, se han encontrado diferentes materiales, como son hebillas de cinturones, proyectiles de balas o botones de uniformes, muestras evidentes de la pertenencia de estos hombres al bando republicano. Como ejemplo, el caso del más joven, José Cepeda, que se hizo miliciano para conseguir un salario y mantener a su familia, le hirieron y regresó a casa para sanarse, los golpistas habían entrado en Navalcán y le mataron.
VER MAS:
http://www.latribunadetoledo.es/noticia.cfm/Talavera/20100912/familia res/seis/fusilados/navalcan/reciben/restos/024F4A89-E53C-6131-
3D6C4CF538C6A682
http://sinmemorianohaydgnidad.blogspot.com/2010/04/d-antonio-alvarez
-sanchez-fusilado-el.html
Tuesday, October 05, 2010
Garzón: "Investigar el franquismo es compatible con la reconciliación"
Pese al acoso sufrido, la supensión por parte del CGPJ y su "exilio" voluntario en La Haya, Baltasar Garzón no renuncia a investigar los crímenes del franquismo: en unas Jornadas de Cooperación al Desarrollo que organiza la Univeridad de Castilla-La Mancha (UCLM) en Albacete, dedicadas a los derechos humanos, el juez incidió en la necesidad de investigar las desapariciones y asesinatos de la guerra civil y el franquismo porque, "para que la herida se cierre, hay que limpiarla y suturarla", ya que si no "se gangrena y vuelve a aparecer una y otra vez".
El magistrado, asesor en la Corte Penal de La Haya, defendió la aplicación de la justicia universal y aseguró que nada impide investigar el franquismo porque "el debate es compatible con la reconciliación", y calificó de "tremendo" que se quiera ver como "algo pasado".
"A muchos les da miedo lo que nosotros mismos hicimos, pero a mí no", dijo y pasó a defende la actuación de la justicia para aclarar la desaparición de unas 150.000 personas en la guerra civil y la posguerra.
Garzón, que ha habló ante más de 200 personas, pidió a los estudiantes que le escuchaban que "aprendan algo más que el simple derecho positivo de un país" para poder actuar con sentido de justicia universal en cualquier caso de violación de derechos humanos. "Quien no tenga esto claro no va a ejercer el Derecho de forma integral", añadió.
En relación a esa lucha por los derechos humanos, Baltasar Garzón manifestó que "no es verdad que sea cosa de políticos, es una obligación de todos", por lo que pidió a los juristas "una visión global y genérica" de la justicia, para poder aplicarla fuera del país.
Asimismo, el magistrado criticó que los tribunales "hacen unas resoluciones preciosísimas" que, sin embargo, "ocultan dar una respuesta real a los problemas que se plantean", e indicó a los alumnos que usen el lenguaje legal "para que lo entiendan los ciudadanos, no para que se confundan".
Sobre su situación judicial fue claro: pidió al Tribunal Supremo que celebre "cuanto antes" el juicio por la supuesta prevaricación que habría cometido al iniciar la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y de la dictadura franquista. "Creo que tengo derecho a que se me juzgue cuanto antes, para que yo pueda exponer mis argumentos y demostrar mi inocencia".
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