FERNANDO MAGÁN
Última actualización 10/10/2010@17:44:06 GMT+1
España tiene un pasado inmediato que, en "tiempos de paz", ha dispuesto y ejecutado el mayor número concebible de condenas a muerte, cualquiera que sea la clase de país con el que establezcamos una comparación. Todo ello se hizo además de la forma más inaudita, la de una "justicia al revés".
NUEVATRIBUNA.ES - 9.10.2010
No dejo de percibir lo que desde la oficialidad no deja de ser un instrumento para la hiprocesía política: se denuncian condenas a la pena de muerte en estados débiles y a veces a debilitar, los musulmanes, africanos, etc., al tiempo que se pasan por alto, incluso se ignoran, las penas de muerte que se dictan y ejecutan en estados poderosos como puedan ser, por ejemplo, China o incluso EEUU.
Pero las personas hemos de reivindicar los derechos de las personas y, en primer lugar y por encima de todos los derechos, el derecho a la vida, que es al mismo tiempo un básico deber ciudadano. Defender la vida de cualquier persona y en cualquier lugar. De nada sirve el resto de reivindicaciones si no hacemos del derecho a la vida un claro eje central de todas las demandas.
Que las condenas a muerte sean dictadas por tribunales no quiere decir que estén amparadas en el Derecho, pues no dejarán de ser siempre un acto injusto y despótico, que en esencia representa la propia negación de la democracia. Cualquiera que sea el ordenamiento que ampare la condena, ésta siempre iría contra la Carta Universal, la norma básica en la que hoy la Humanidad intenta reconocerse.
De cara a la ciudadanía española, es decir, mirando directamente a España, no podemos profundizar en este derecho y en el resto de nuestros derechos si lo desvinculamos de las muchas ejecuciones que todavía hoy nos marcan y, sobre todo, que han dejado su impronta en muchas familias españolas. No nos puede bastar con contemplar que nuestro actual sistema constitucional ha abolido la posibilidad de la pena capital y que, como consecuencia, sólo nos veamos obligados a dirigir la mirada hacia otros lugares del mundo.
España tiene un pasado inmediato que, en "tiempos de paz", ha dispuesto y ejecutado el mayor número concebible de condenas a muerte, cualquiera que sea la clase de país con el que establezcamos una comparación. Todo ello se hizo además de la forma más inaudita, la de una "justicia al revés", ya que nos hallamos en la paradoja de que quienes sufrieron esas condenas lo hicieron, en el fondo, por haber cumplido con un deber, el democrático, el deber de fidelidad y acatamiento a la legalidad constitucional, la vigente y democrática en aquél momento.
Esta situación debe hacernos no sólo reflexionar sobre la situación padecida, sino que también debe inducirnos a mantener firmes convicciones y determinaciones respecto a un régimen que llevó a una sociedad a la negación de la convivencia, que llegó a celebrar juicios militares sin ninguna garantía hasta el final de sus días, con cinco condenas ejecutadas, con unas largas consecuencias que permanecen después de la muerte de quien encarnaba el sistema. Y el resultado final ha sido que en más de treinta años de democracia no ha existido una inequívoca condena ni del general Franco ni de su régimen. Esta es una deuda de nuestras instituciones democráticas para con quienes de forma injustamene cruel perdieron la vida y también para con quienes están reclamando debida y necesaria reparación.
Fernando Magán - Abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)
No dejo de percibir lo que desde la oficialidad no deja de ser un instrumento para la hiprocesía política: se denuncian condenas a la pena de muerte en estados débiles y a veces a debilitar, los musulmanes, africanos, etc., al tiempo que se pasan por alto, incluso se ignoran, las penas de muerte que se dictan y ejecutan en estados poderosos como puedan ser, por ejemplo, China o incluso EEUU.
Pero las personas hemos de reivindicar los derechos de las personas y, en primer lugar y por encima de todos los derechos, el derecho a la vida, que es al mismo tiempo un básico deber ciudadano. Defender la vida de cualquier persona y en cualquier lugar. De nada sirve el resto de reivindicaciones si no hacemos del derecho a la vida un claro eje central de todas las demandas.
Que las condenas a muerte sean dictadas por tribunales no quiere decir que estén amparadas en el Derecho, pues no dejarán de ser siempre un acto injusto y despótico, que en esencia representa la propia negación de la democracia. Cualquiera que sea el ordenamiento que ampare la condena, ésta siempre iría contra la Carta Universal, la norma básica en la que hoy la Humanidad intenta reconocerse.
De cara a la ciudadanía española, es decir, mirando directamente a España, no podemos profundizar en este derecho y en el resto de nuestros derechos si lo desvinculamos de las muchas ejecuciones que todavía hoy nos marcan y, sobre todo, que han dejado su impronta en muchas familias españolas. No nos puede bastar con contemplar que nuestro actual sistema constitucional ha abolido la posibilidad de la pena capital y que, como consecuencia, sólo nos veamos obligados a dirigir la mirada hacia otros lugares del mundo.
España tiene un pasado inmediato que, en "tiempos de paz", ha dispuesto y ejecutado el mayor número concebible de condenas a muerte, cualquiera que sea la clase de país con el que establezcamos una comparación. Todo ello se hizo además de la forma más inaudita, la de una "justicia al revés", ya que nos hallamos en la paradoja de que quienes sufrieron esas condenas lo hicieron, en el fondo, por haber cumplido con un deber, el democrático, el deber de fidelidad y acatamiento a la legalidad constitucional, la vigente y democrática en aquél momento.
Esta situación debe hacernos no sólo reflexionar sobre la situación padecida, sino que también debe inducirnos a mantener firmes convicciones y determinaciones respecto a un régimen que llevó a una sociedad a la negación de la convivencia, que llegó a celebrar juicios militares sin ninguna garantía hasta el final de sus días, con cinco condenas ejecutadas, con unas largas consecuencias que permanecen después de la muerte de quien encarnaba el sistema. Y el resultado final ha sido que en más de treinta años de democracia no ha existido una inequívoca condena ni del general Franco ni de su régimen. Esta es una deuda de nuestras instituciones democráticas para con quienes de forma injustamene cruel perdieron la vida y también para con quienes están reclamando debida y necesaria reparación.
Fernando Magán - Abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)
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